Guerra de Baja Intensidad en Chiapas: Terrorismo de Estado y Paramilitares

Alejandro Reyes

Desde el inicio de este año, las autoridades de las comunidades zapatistas en resistencia han estado denunciando agresiones y amenazas cada vez más graves por parte de la organización paramilitar Opddic (“Organización por la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos”). Invasión de tierras, amenazas de violencia, disparos al aire, destrucción de milpas, robo de maíz, golpizas, detenciones y secuestros se han vuelto un terror cotidiano que afectan a cientos de familias indígenas de Chiapas. Y lo más grave: según las autoridades autónomas, todo esto con la complicidad de los gobiernos estatal y federal, de la policía y del ejército, como parte de un plan dirigido por el Estado para despojar a los zapatistas de sus tierras y permitir la explotación de los recursos naturales y la imposición de megaproyectos turísticos.

Alarmados con la situación —a la que poquísimos medios de comunicación han dado atención—, una Brigada Internacional de Información se formó al inicio de marzo para investigar las denuncias y hacerlas públicas en México y en el mundo. Representantes de España, Francia, Alemania, Grecia, Estados Unidos y México han estado recorriendo varios municipios y comunidades, hablando con autoridades de las Juntas de Buen Gobierno, Consejos Municipales y gente común. Lo que han descubierto es una situación mucho más alarmante de lo que se creía.

“Teníamos trabajado allá y los hermanos de la Opddic en octubre de 2006 vinieron con armas y lo llevaron todo el maíz,” cuenta un hombre en la región autónoma La Montaña. “No dejaron ni una mazorca. Tumbaron tres hectáreas de los compañeros.”

“Lo más grave fue cuando cortaron tres veces el cable de la canasta y destruyeron a machetazos el cayuco de la comunidad,” dice uno de los habitantes del poblado de San Miguel, al cual sólo se puede llegar atravesando el río Agua Azul. “Nos dejaron aislados.” San Miguel está en la región del famoso balneario de Agua Azul, del cual se benefician las poblaciones Progreso y Joyetá, ambas de la Opddic. “Nos acusan con los turistas de que somos asaltantes. A veces han llegado los mismos de la Opddic y asaltan a los extranjeros. Amarraron un compañero y le robaron su dinero.”

El 22 y 23 de febrero, tres campesinos de Olga Isabel fueron secuestrados por la Opddic y amenazados de ser quemados vivos. Sólo gracias a la presión de los zapatistas y de organizaciones de defensa de los derechos humanos fueron liberados al otro día.

Los representantes de la Junta de Buen Gobierno de Morelia cuentan que han recibido cartas de la Opddic suspendiendo el diálogo con los zapatistas y amenazándolos de despojarlos violentamente de sus tierras.

La Opddic ha estado activa desde 1998 y durante el gobierno de Vicente Fox creció enormemente. Pero el reciente aumento de actividades responde sin duda a una nueva política del gobierno para despojar a los zapatistas de la tierra, golpear al movimiento y abrir el camino para que las grandes empresas exploten las riquezas naturales de la región: madera, agua, minería, turismo. Mientras eso, miles de indígenas sufren amenazas y terror cotidiano.

Chiapas es el estado más pobre de México y con la peor distribución de riquezas. Antes de 1994, la inmensa mayoría de los indígenas campesinos carecían de tierras, que estaban en manos de los grandes finqueros. Con el levantamiento zapatista, miles de indios tzotziles, tzeltales, choles y tojolabales recuperaron tierras que les habían sido robadas durante siglos. El objetivo principal de la Opddic es arrebatarle a los indios las tierras por las que tanto han luchado.

En el municipio de Vicente Guerrero, las autoridades explican que en la comunidad de Nance la mitad de la población es zapatista y la otra es de la Opddic. Desde 2002, los miembros de esa organización han estado tratando de expulsar a los zapatistas y obtener toda la tierra. Recientemente, solicitaron a la Secretaría de la Reforma Agraria la legalización a su nombre de todo el territorio, incluyendo el de los zapatistas, como ejido.

Uno de los principales logros de la Revolución de 1910 fue la creación de los ejidos, con el objeto de proteger a los campesinos de la especulación con la tierra. Los ejidos son tierras comunitarias que no podían ser vendidas y que eran concedidas por la Reforma Agraria a las comunidades indígenas y campesinas para solucionar el histórico problema del latifundio. Pero en 1992, durante el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se cambió la Constitución y, desde entonces, los ejidos ya se pueden vender. Así, lo que originalmente sirvió para garantizar la repartición justa de la riqueza, hoy sirve para proteger los intereses de las grandes empresas.

Cuando la tierra se transforma en ejido, los ejidatarios pueden registrarla en el Procede, programa de gobierno que permite la privatización de la tierra ejidal. Una vez registrada, la tierra se puede vender a las grandes compañías madereras, hidroeléctricas o mineras. El problema es que, para que la tierra sea declarada ejido, se necesita que todos los habitantes estén de acuerdo. En la comunidad de Nance, por ejemplo, hay todavía 26 familias que se oponen a la creación del ejido.

Eso explica la agresividad de la Opddic: arrinconar a la población a que se una a esa organización y declarar “invasores” a los que se rehúsen, amenazándolos con expulsarlos violentamente. Los miembros de la Opddic reciben incentivos del gobierno e incluso armamento. Según los representantes de San Miguel Agua Azul, la Policía de Chiapas les vende granadas y balas. También reciben apoyos financieros y programas de gobierno que, ante la pobreza y el miedo, se vuelven incentivos para que los campesinos zapatistas dejen de resistir y se unan ellos.

La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) también es cómplice de la Opddic. Recientemente, el Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE) denunció que Beltrán Ruiz Chacón, el abogado que representaba a la Opddic ante el Tribunal Unitario Agrario para expulsar a los zapatistas de la comunidad de Nance, es delegado del Sindicato de Trabajadores de la SRA. Con esta revelación, la SRA se vio forzada a reconocer que su actuación es ilegal. Sin embargo, la Procuraduría Agraria afirmó que seguiría defendiendo los juicios promovidos por la Opddic.

Pero hay otro factor tal vez más alarmante: la posibilidad de una incursión militar. Los zapatistas han declarado una y otra vez que van a defender sus tierras cueste lo que cueste, y nada es más comprensible: mucha sangre les costó en 1994 y en todos los años siguientes recuperar esas tierras y mantenerlas. Allí han construido todos estos años sistemas de educación y salud autónomos, inventado nuevas formas de hacer democracia, erradicado el alcoholismo y las drogas, desarrollado redes de comercio justo y, sobre todo, enseñado a sus hijas e hijos a vivir dignamente. A pesar de las provocaciones cotidianas, las comunidades zapatistas han evitado la violencia, respondiendo con disciplina y organización admirables. Pero uno se pregunta: ¿hasta cuándo podrán seguir resistiendo pacíficamente la violencia, las amenazas y las humillaciones? Todo indica que la Opddic, con sus métodos, está tratando de provocar un enfrentamiento que justifique la entrada del ejército. Con el discurso de “mano dura” de Felipe Calderón, nada parecería más natural (y nada sería más trágico y desastroso).

Siendo así, cabe a nosotros, ciudadanos concientes de todo el mundo, hacer todo lo que esté a nuestro alcance para frenar esta guerra de “baja intensidad” y defender todo lo que nuestros hermanos indígenas han estado construyendo y legando al mundo en estos 13 años de resistencia.


Para escuchar los testimonios de los zapatistas y reportajes sobre la situación, vaya a www.radiozapatista.org.