To the Editor:
I was pleased to see your coverage of the Mexican Supreme Court's upcoming decision on the "Ley Televisa," which would be disastrous for free speech and consolidate media monopolies ("Court to Decide Battle of Airwaves in Mexico," May 12). It is important to remember that these are not merely abstract, constitutional issues but have devastating effects on people's lives. May 3 marked the one-year anniversary of the Mexican government's violent repression in the town of San Salvador Atenco, where 3500 federal police beat, raped, and arrested hundreds of men and women, murdering a 14-year old boy and a university student. TV Azteca and Televisa played a leading role not in covering the violence, but in actively calling for it -- squashing what little hope we continue to hold for objectivity. We can only hope the Court strikes down this law in the interest of not only free speech, but also human rights.
Sincerely,
Daniel Nemser
Saturday, May 19, 2007
Sunday, May 06, 2007
Rebelión en Oaxaca
Rebelión en Oaxaca
La reescritura de la memoria en el cuerpo de la ciudad
La reescritura de la memoria en el cuerpo de la ciudad
Alejandro Reyes
A finales de mayo de 2006 se estableció en el centro de la ciudad de Oaxaca un plantón de maestros, en lo que venía siendo una protesta prácticamente anual contra la situación de abandono en la que se encuentra la educación de ese estado. Sin embargo, ese año la huelga y el plantón adquirieron dimensiones excepcionales, debido al descontento generalizado contra el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, considerado particularmente represor y corrupto. En vez de negociar, el gobernador decidió responder con la fuerza, y el 14 de junio la policía estatal atacó el plantón e intentó desalojar a los maestros del centro, con lujo de violencia y numerosas violaciones de derechos humanos. Pero los maestros lograron reagruparse y esa misma noche retomaron el centro. La indignación popular con la represión dio origen, unos días después, a la formación de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que reunía más de 350 organizaciones y cuya demanda pasaba a ser la renuncia del gobernador.
Radio Plantón - Banda Ancha, Carpa Rebelde
Durante los meses siguientes una guerra de baja intensidad fue cobrando proporciones más y más graves, en la cual la lucha por el control de los medios de comunicación fue fundamental. El gobierno federal, que durante meses se abstuvo de participar en el conflicto, finalmente intervino en octubre, y el 29 de ese mes miles de tropas de la policía federal preventiva desalojaron el zócalo.
Finalmente, el 25 de noviembre, días antes de la toma de posesión de Felipe Calderón como nuevo presidente de México, la represión llegó en plena forma con arrestos multitudinarios y un sinnúmero de violaciones de derechos humanos, que resultó en el desmantelamiento de las últimas barricadas, la entrega de Radio Universidad y la desarticulación, por lo menos temporal, del movimiento.
Cuando en julio de 2006 Daniel Nemser y yo visitamos la ciudad de Oaxaca, ambos tuvimos la impresión de haber llegado a lo que más cercano habría de una versión mexicana de la Comuna de París en el siglo 21. Al atravesar las barricadas que bloqueaban las calles que conducían al centro histórico, nos encontramos en un ambiente festivo y colorido, sin dejar de ser tenso, en el cual los usos y medidas habituales del espacio y del tiempo habían sido reemplazados por otra realidad. Decenas de miles de hombres, mujeres y niños acampados en las calles y en el zócalo; carteles, murales, letreros, graffiti y arte en esténcil cubriendo todos los espacios posibles; puestos de ambulantes vendiendo DVDs “piratas” con documentales políticos; y, por todos lados, música revolucionaria y conversaciones sobre la coyuntura actual del país. Radio Zapatista - Reportaje (14 de julio)
Pero nuestra lectura de la rebelión no fue de ninguna manera universal. Ciertos sectores de la sociedad oaxaqueña, en especial la clase media-alta y muchos comerciantes, estaban decididamente ofendidos por lo que consideraban la descomposición de su ciudad. En el resto del país la mayoría de los medios de comunicación retrataban al movimiento como la caída a la barbarie del México civilizado. Y mi hermano, con quien rarísimas veces recuerdo haber coincidido sobre algún tema, y que sin que yo lo supiera estuvo en Oaxaca en esas fechas, se alarmó tanto con la entusiástica crónica que en esos días escribí, que a varios parientes les manifestó su sincera preocupación por mi salud mental.
Estas lecturas desencontradas tienen sin duda que ver con diferentes posturas ideológicas. Sin embargo, lo que pretendo aquí demostrar es que las diferentes interpretaciones reflejan en buena medida el éxito o fracaso relativos de estrategias, tanto por parte de la APPO como del Estado, de inscribir el texto de sus proyectos ideológicos y reescribir el texto de la memoria colectiva en el cuerpo de la ciudad.
La lucha por la destitución del gobernador Ulises Ruiz encontró su epicentro en la ocupación del centro histórico de la ciudad. Más que estratégica, la ocupación del centro tiene un valor eminentemente simbólico. Desde el nacimiento del México colonial, el zócalo —la plaza central— de cualquier ciudad mexicana ha funcionado como la sede de los dos pilares del poder —gobierno e Iglesia— y punto de confluencia con la sociedad. Se trata de un espacio en muchos sentidos ritualista donde durante cinco siglos se vienen realizando los eventos que en buena medida conforman las nociones y la memoria —o la memorialización— de la “mexicanidad”: eventos patrióticos, desfiles militares, declaraciones gubernamentales, manifestaciones populares, procesiones religiosas, actos de protesta, huelgas de hambre, paseos dominicales con la familia, representaciones artísticas, visitas a monumentos históricos, consumo de alimentos y, desde luego, insurrecciones que han cambiado el rumbo de la historia. Punto de encuentro, en fin, donde se articulan y rearticulan las narrativas nacionales y donde se inventa y reinventa la identidad y la memoria nacional.
En el caso de Oaxaca, la preeminencia del carácter simbólico sobre el estratégico de la ocupación del centro es evidente. Durante su campaña electoral, Ulises Ruiz anunció que durante su mandato habría “cero marchas”, y para tal fin transfirió la sede del gobierno a las afueras de la ciudad, convirtiendo el histórico palacio en museo y salón de fiestas (y provocando varias marchas de repudio).
Mural de la APPO en la fachada del Palacio de Gobierno
Desprovisto de cualquier órgano de gobierno, el centro histórico retuvo, para el movimiento popular, su valor como articulador de sentido: el espacio ideal para escribir, en el cuerpo mismo de la ciudad, la narrativa de sus reivindicaciones. Analicemos aquí algunos de los elementos de reescritura —literal y simbólica— utilizados por el movimiento.
Las barricadas delimitan fronteras y anuncian la entrada a un territorio distinto, un espacio fuera del Estado: un “territorio liberado”, en la visión de la APPO, donde formas alternativas de socialización se vuelven posibles. Obviamente las barricadas tienen también una función mucho más práctica: retención contra ataques de las fuerzas del Estado o paramilitares, como de hecho sucedió en los meses posteriores del conflicto. Pero en julio las barricadas no representaban mayor impedimento físico, muchas veces consistiendo nada más que en una cuerda. Su función primordial, por lo tanto, es la delimitación, la definición del espacio de la resistencia. “Ocupa y libera los espacios del pueblo”, lee un esténcil en una pared del centro histórico. Cruzar las barricadas significa así entrar en un espacio reapropiado donde la comunidad en resistencia puede construir relaciones alternativas y nuevas identidades: un espacio de convivencia “fuera” del “espacio abstracto” delcapitalismo.
La reconfiguración de esta “otra geografía” implica no sólo la desconstrucción de antiguas fronteras y la delimitación de nuevos espacios, sino también el reconocimiento del surgimiento orgánico de nuevas fronteras. Alrededor del zócalo, bajo los arcos de los edificios adyacentes al ex Palacio de Gobierno, hay un número de restaurantes, locales favoritos para turistas nacionales y extranjeros. Una de las primeras cosas que percibimos fue que la calle que separa dichos restaurantes de la plaza se había convertido, sin que nadie se lo propusiera, 
en frontera pocas veces traspasada por los visitantes que se aventuraban al centro histórico durante la ocupación. Rodeados de graffitis, letreros y esténciles de protesta, los turistas comían y bebían placenteramente mientras, al otro lado de la calle, se llevaba a cabo una revolución.
Concientes del surgimiento de esa frontera, los miembros de la APPO colocaron letreros y mantas con fotos de la represión del 14 de junio del otro lado de la calle, mirando directamente a los comensales. “Sorry for the annoyances”, lee un letrero, “What happens is that we are busy making our HISTORY. As soon as Ulises gets out of here, we will welcome you with open arms. Atte. The Citizens of Oaxaca”.
Y, al lado, una carta pegada con cinta adhesiva, verdadera joya literaria:
“Queridos Oaxaquenos, Por favor no piden disculpas para su protesta, no es ningun perturbancia. Es un gran privilegio ver uds haciendo su propia historia. ¡Estamos en solidaridad con uds. Y ojalamos que pueden sacar este ratón Ulises! ¡Que sigue la lucha! Sinceramente, dos gringos turistas”.
Estas formas de interpelación son invitaciones a atravesar la frontera, a rediseñar la geografía creada por las divisiones de clase en el seno mismo del espacio de la resistencia, pero son también mecanismos para resignificar el acto mismo de la revolución. Mientras el discurso oficial hablaba de la “destrucción” del centro histórico —del atropello de la memoria—, el movimiento popular hablaba de la reescritura de una narrativa nacional excluyente.
Jean Baudrillard habla de la “postmodernidad” como un momento en el que el “simulacro” precede a la realidad.[1] Con el desarrollo y casi omnipresencia de los medios masivos de comunicación y la hegemonía de valores capitalistas naturalizados, el problema de la representación no se trata ya de un mayor o menor grado de coincidencia con la realidad, ni siquiera de una deturpación premeditada de ésta a favor de los intereses de grupos dominantes. El simulacro —que, según Baudrillard, todo lo abarca— no es una falsificación de la realidad, sino aquello que la define. “El simulacro nunca es aquello que oculta la verdad”, dice el epígrafe de Simulacra and Simulation, que Baudrillard atribuye falsamente a Eclesiastés, “es la verdad lo que oculta que no hay verdad alguna. El simulacro es la verdad.” Y más: “El territorio ya no precede al mapa ni lo sobrevive. De aquí en adelante, es el mapa el que precede al territorio, es el mapa el que engendra el territorio.” El mapa —de la ciudad, de la política, de la memoria— trazado por el poder no copia ni deturpa la realidad sino que la engendra, la inventa. Siendo así, las intervenciones del movimiento popular en el cuerpo de la ciudad tienen como objetivo rediseñar esos mapas y, al hacerlo, irrumpir en la superficie del simulacro.
Uno de los mecanismos para esta irrupción es la mimesis paródica. Los carteles oficiales del programa del gobierno estatal “Con Unidad” se transforman, en los esténciles que cubren las paredes de la ciudad, en “Con Impunidad”.
El IFE (Instituto Federal Electoral) se convierte en el Instituto del Fraude Electoral.
Y el eslogan del gobierno del estado, “Oaxaca: de cara a la nación”, adquiere vida en una instalación artística frente a una iglesia representando a los muertos por la represión.
Dos eventos sobresalen como momentos cruciales de reescritura de la memoria en el cuerpo de la ciudad. El primero es la Guelaguetza, uno de los festivales folclóricos más importantes del país.
El festival congrega grupos de música y danza tradicional de las siete regiones del estado en un auditorio al aire libre en el Cerro del Fortín, en las afueras de la ciudad de Oaxaca. Versiones desencontradas de la historia oficial y la memoria popular atribuyen, de diferentes maneras, el origen de la fiesta a la época prehispánica. En los últimos años la Guelaguetza viene siendo objeto de críticas debido a la mercantilización de la tradición y el uso propagandístico de las culturas indígenas para fines turísticos sin que a ellos les traiga beneficios tangibles. Pero en tiempos de Ulises Ruiz la situación se agravó. En aras del lucro, el gobernador modificó horarios y fechas, que provocaron fuertes críticas por parte de defensores de la tradición. Además, en los últimos años los precios de ingreso al evento se volvieron prohibitivos y los espacios reservados a la población local, muy limitados.
Guelaguetza
on Ice (Banda Ancha, Carpa Rebelde)
Pocos días antes del inicio de la Guelaguetza en julio de 2006, no sólo el auditorio sino todo el Cerro del Fortín fue tomado por miembros de la APPO. El Cerro se transformó, así, en un espacio carnavalesco donde los tradicionales puestos de comidas en todo el camino que sube al auditorio sirvieron como eje de una celebración popular reapropiada fuera de un contexto capitalista. Una semana después, en el Instituto Tecnológico de Oaxaca, se realizó una Guelaguetza alternativa y popular, gratuita, a la que asistieron 20,000 personas, organizada por los maestros que, con su penetración en todos los municipios y regiones del estado, pudieron articular la presencia de grupos artísticos fuera de los esquemas del aparato oficial.
El 2 de noviembre, en el contexto de un aumento dramático de la violencia y después de la toma del zócalo el 29 de octubre por la policía federal, la ciudad se llenó de altares en honor a los muertos víctimas de la represión durante los meses de conflicto. En una de las ciudades más turísticas de México y en el contexto de un discurso oficial que acusa al movimiento popular de “destruir” la tradicional ciudad y perturbar el comercio de la cultura, el movimiento popular transforma la tradición folclorizada en expresión viva de una memoria colectiva que se rehúsa a ser borrada.
Las barricadas, ahora invertidas —la policía federal delimitaba ahora las mismas fronteras ahora resignificadas de un espacio disputado—, se volvieron escenario de formas de resistencia inolvidables: las mujeres diseñando altares de muertos en el piso con flores multicolores frente a las vallas de policías de choque fuertemente armados.
En este contexto, resulta interesante analizar los mecanismos utilizados por el gobierno del estado para resignificar el espacio reconquistado del centro histórico. El sentido de la resiginificación consiste en borrar los trazos de las reivindicaciones populares del movimiento —sus tentativas de diálogo y de interpelación, sus reclamos de una reescritura más inclusiva de la historia, sus intentos por traer a la superficie la problemática de la narrativa oficial en espacios simbólicos constitutivos de la identidad y la memoria colectivas—, sustituyéndolas por el discurso del retorno de la civilización frente a la barbarie. Sin embargo, lo que percibimos, en una visita a Oaxaca en diciembre,
unos días antes de navidad, fue la utilización de mecanismos muy similares a los del movimiento popular; la tentativa del restablecimiento del simulacro a través de una mimesis paradójica de símbolos recontextualizados y de usos y prácticas resignificadas.
Las barricadas permanecían en los lugares aproximados de las barricadas originales de la APPO —ahora con materiales prefabricados en vez del reciclaje de láminas, tablas, cuerdas y demás por la inventiva popular—, protegidas ahora por policías de choque bien armados. Y, en un momento en que la posibilidad de una retomada popular del centro era mínima, debido a la represión de ese mes y a la desarticulación del movimiento, la función de las barricadas resultaba tan simbólica como estratégica: delimitar fronteras, delinear un espacio “protegido” y “liberado” de las fuerzas del caos y del desorden. 
En el zócalo, los comensales bajo los arcos alrededor de la plaza continuaban impasibles, rodeados de manchas rosas que indicaban el local de los graffitis de otrora. Del otro lado de la calle, el zócalo ahora libre de pancartas, mantas y demás. En su lugar, un inmenso árbol navideño y, en las jardineras, nochebuenas supuestamente donadas por familias “respetables” de la ciudad.
Pero en el mismísimo lugar donde los meses anteriores había letreros interpelando al paseante a reflexionar y a solidarizarse con el movimiento popular, nuevos letreros, fijados a las nochebuenas:
Este último letrero es particularmente interesante pues intenta reestablecer el discurso oficial de la democracia liberal citando uno de los mayores héroes nacionales, el único presidente indígena, el oaxaqueño Benito Juárez. El movimiento popular constituyó, de hecho, un desafío tangible al concepto de la democracia liberal, con la constitución de la asamblea como forma de gobierno democrático participativo, con su insistencia en la participación popular en la escritura de la historia, con su énfasis en la diversidad y la inclusión como fundamento para la construcción de una nueva realidad política. Al mismo tiempo, el letrero vincula el discurso de la democracia liberal al de “mano dura” de Felipe Calderón (con la referencia al “gobierno cobarde”) y restituye la no tan antigua “ética” priista que justifica la corrupción en aras del orden y la estabilidad. Además, ejerce una inversión en el uso del lenguaje revolucionario. Si el movimiento popular se considera un movimiento de “resistencia” contra la imposición autoritaria de un gobierno ilegítimo, el letrero elogia la “resistencia” del gobernador contra la amenaza de la descomposición social.
Felipe Calderón: "mano dura"
Durante los meses del plantón, en un extremo de la plaza, frente a la catedral, se realizaban performances teatrales y proyecciones de películas. Allá vimos, en julio, a media noche, La cuarta guerra mundial, en un ambiente inolvidable en el que las imágenes del documental se confundían con las del entorno. En ese mismo lugar, en diciembre, el gobierno del estado había montado un palco para representaciones de música “tradicional” oaxaqueña, bajo el programa “Es Tiempo de Oaxaca”. Nuevamente, el mensaje del reflorecimiento de la “auténtica” Oaxaca después del caos y la barbarie.
Ese 23 de diciembre, en el zócalo se vivía un ambiente sumamente extraño. Había una exterioridad que suponía un “retorno a la normalidad”: los paseos en la plaza con la familia, el consumo turístico, las representaciones culturales, las decoraciones navideñas. Era un ambiente expresamente apolítico —un payaso hacía bromas inofensivas en el mismo lugar donde antiguamente se llevaban a cabo representaciones paródicas políticas—, pero había la clara impresión de que lo apolítico tenía que ver con una prohibición implícita, una rígida autocensura, y que bajo la superficie se agitaba lo indecible.
Las notas plañideras del violín del viejito que tocaba alguna música navideña estadounidense supuestamente enternecedora chocaban con la presencia amenazadora de vallas de policías fuertemente armados. Era como caminar en un palimpsesto de significados y significantes, las capas finísimas de la escritura dejando transparentar los múltiples textos enterrados bajo la superficie de un simulacro fracturado.Tras las rejas que cierran el paso a un área aún no “recuperada”, un graffiti: “Presos políticos libres ya”, y un esténcil con la imagen del Subcomandante Marcos y las palabras: “Abajo y a la izkierda donde tenemos el korazon simple y sencillo pero digno y rebelde…”
En una calle del centro, una pared azul, con una gran mancha blanca que evidentemente recubre un graffiti, sobre el cual una mancha rosa recubre otro graffiti que se transparenta obstinado, sobre el cual, en verde, las palabras: “Estado de sitio”.
Otra pared muestra capa tras capa de historia y de voces, algunas mucho más antiguas que el plantón y el conflicto, cubiertas con graffitis y manchas de borrones y más graffitis y más borrones y, a un lado, insistente, pertinaz: “Fuera Ulises”.
Caminar por las calles del centro de Oaxaca con ojos y oídos atentos nos deja la clara impresión de que, a pesar de la represión, a pesar de los esfuerzos por borrar la escritura de la rebelión y reinscribir el texto del discurso oficial en el cuerpo de la ciudad, continúa testaruda la irrupción purulenta de realidades contrahegemónicas en la superficie del simulacro y la permanencia de voces silenciadas en el palimpsesto de la memoria.
[1] Baudrillard, Jean. Simulacra and Simulation. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1994.
Friday, April 13, 2007
Letter to the Editor, NYT (unpublished)
To the Editor:
I was glad to note the skeptical tone of your editorial on Mr. Bush's changing discourse on immigration ("Bush on the Border," April 11). After all, it's one thing to call for "a practical answer," but something else entirely to make concrete, non-exploitative proposals. But this issue is important less for legislative reasons, as you point out, than for human rights concerns. In the Bay Area alone, as the San Francisco Bay Guardian recently reported, hundreds of immigrants have been (at times violently) deported over the last few months, severing families and sowing fear in the community. Abstract language from above will not change the reality on the ground.
Daniel Nemser
San Francisco, CA
I was glad to note the skeptical tone of your editorial on Mr. Bush's changing discourse on immigration ("Bush on the Border," April 11). After all, it's one thing to call for "a practical answer," but something else entirely to make concrete, non-exploitative proposals. But this issue is important less for legislative reasons, as you point out, than for human rights concerns. In the Bay Area alone, as the San Francisco Bay Guardian recently reported, hundreds of immigrants have been (at times violently) deported over the last few months, severing families and sowing fear in the community. Abstract language from above will not change the reality on the ground.
Daniel Nemser
San Francisco, CA
Thursday, April 05, 2007
Letter to the Editor, NYT (unpublished)
To the Editor:
Re "U.S. Churches Go 'Green' for Palm Sunday" (April 1): While
certain recent projects, like the eco-palms documented here, may
benefit limited numbers, overall NAFTA has been a disaster for
small-scale Mexican farmers. According to Oxfam, real prices of
Mexican corn have declined by more than 70 percent since NAFTA came
into effect in 1994. Consequently, 15 million small-scale farmers
have seen their way of life become less and less tenable, translating
into a substantial increase in poverty and Mexican immigration to the
U.S. It is no surprise, then, that the trade agreement "has come
under far more criticism than praise."
Sincerely,
Daniel Nemser
San Francisco, CA
Re "U.S. Churches Go 'Green' for Palm Sunday" (April 1): While
certain recent projects, like the eco-palms documented here, may
benefit limited numbers, overall NAFTA has been a disaster for
small-scale Mexican farmers. According to Oxfam, real prices of
Mexican corn have declined by more than 70 percent since NAFTA came
into effect in 1994. Consequently, 15 million small-scale farmers
have seen their way of life become less and less tenable, translating
into a substantial increase in poverty and Mexican immigration to the
U.S. It is no surprise, then, that the trade agreement "has come
under far more criticism than praise."
Sincerely,
Daniel Nemser
San Francisco, CA
Tuesday, March 20, 2007
Letter to the Editor, NYT (unpublished)
To the Editor:
Re "Mexico's President Rides Popularity Wave" (Mar. 18): Having run on a campaign of "mano dura" (strong hand), it makes sense that Felipe Calderon's "flurry of projects and proposals" has consisted more than anything of military and police coercion. This has had devastating social consequences.
Take the case of Oaxaca, for example, to which the article dedicates a single sentence. What goes unmentioned is the fact that the protests there turned "violent" not at the hands of protesters themselves, but rather at the hands of state and federal militarized police units (along with government-supported paramilitaries). This state violence caused the deaths of over 20 innocent civilians, including one U.S. citizen.
Felipe Calderon may be "on a roll," but we should be seriously questioning just what kind of a roll he's on.
Daniel Nemser
San Francisco, CA
Re "Mexico's President Rides Popularity Wave" (Mar. 18): Having run on a campaign of "mano dura" (strong hand), it makes sense that Felipe Calderon's "flurry of projects and proposals" has consisted more than anything of military and police coercion. This has had devastating social consequences.
Take the case of Oaxaca, for example, to which the article dedicates a single sentence. What goes unmentioned is the fact that the protests there turned "violent" not at the hands of protesters themselves, but rather at the hands of state and federal militarized police units (along with government-supported paramilitaries). This state violence caused the deaths of over 20 innocent civilians, including one U.S. citizen.
Felipe Calderon may be "on a roll," but we should be seriously questioning just what kind of a roll he's on.
Daniel Nemser
San Francisco, CA
Thursday, March 15, 2007
Letter to the Editor, NYT (unpublished)
To the Editor:
Re "Answering Latin Left, Bush Pledges to Help Poor" (March 14, p. A1): Mr. Bush's reference to "social justice" can only be understood as a "striking use of the revolutionary language of the left" if taken entirely out of context. In fact, it is nothing more than the same, tired rhetoric of neoliberal free trade, which has according to almost all economic indicators actually increased poverty in Latin America over the last thirty years. It is simply not a question of giving free trade a chance—it's had its chance, and failed.
At the same time, we might wonder why, if free trade is so important to Mr. Bush, he has refused to discuss eliminating the billions of dollars in agricultural subsidies directed to American agribusiness each year.
Daniel Nemser
San Francisco, CA
Re "Answering Latin Left, Bush Pledges to Help Poor" (March 14, p. A1): Mr. Bush's reference to "social justice" can only be understood as a "striking use of the revolutionary language of the left" if taken entirely out of context. In fact, it is nothing more than the same, tired rhetoric of neoliberal free trade, which has according to almost all economic indicators actually increased poverty in Latin America over the last thirty years. It is simply not a question of giving free trade a chance—it's had its chance, and failed.
At the same time, we might wonder why, if free trade is so important to Mr. Bush, he has refused to discuss eliminating the billions of dollars in agricultural subsidies directed to American agribusiness each year.
Daniel Nemser
San Francisco, CA
Sunday, March 11, 2007
Low Intensity War in Chiapas: State and Paramilitary Terrorism
Alejandro Reyes
Since early this year the authorities of the zapatista communities in resistance have been denouncing increasingly serious aggressions and threats by the paramilitary organization Opddic (“Organization for the Defense of Indigenous and Peasant Rights”). Land invasions, threats of violence, shots to the air, destruction of corn fields and property, theft of crops, beatings, detentions, and kidnappings have become an everyday source of terror that affects hundreds of indigenous families in Chiapas. Even worse: according to the autonomous authorities, all of this is done with the support and complicity of the state and federal governments, the police, and the armed forces, as part as a plan directed by the State to rob the zapatistas of their land and allow the exploitation of natural resources and the development of large tourist projects.
Alarmed by the situation—which has received very little media attention—an International Informational Brigade was formed at the beginning of March to investigate the accusations and make them public in Mexico and the world. Representatives from Spain, France, Germany, Greece, the US, and Mexico have been traveling through various municipalities and communities, speaking with the authorities of the Good Government Councils, the autonomous Municipal Councils, and common people. What they have discovered is an even more alarming situation than was believed.
“We had all of this cultivated and the brothers and sisters from Opddic came with weapons in October of 2006 and took all the corn,” recounts a man in the autonomous region of La Montaña. “They didn’t leave behind a single cob. They destroyed three hectares belonging to our compañeros.”
“The worst was when they cut the cable for the basket three times and destroyed with machetes the community’s boat,” says one of the residents of the village of San Miguel, to which one can only get by crossing the Agua Azul River. “We were left isolated.” San Miguel is in the region of the famous Agua Azul resort, which benefits the residents of Progreso and Joyetá, all of them members of Opddic. “They tell the tourists we are muggers. Sometimes the members of Opddic attack the tourists and blame us. They tied one of our compañeros and stole his money.”
On February 22 and 23, three peasants from Olga Isabel were kidnapped by Opddic and threatened to be burned alive. Only the pressure by the zapatistas and by human rights organizations was able to save them, and they were released the next day.
The representatives of the Good Government Council of Morelia said that they had received letters from Opddic cutting off dialog with the zapatistas and threatening them with violent eviction if they did not abandon their lands.
Why these aggressions? At their root of the conflict are land disputes. Opddic has been active since 1998, and during the government of Vicente Fox it grew significantly. But the recent increase in activities is undoubtedly a reflection of a new government policy to evict the zapatistas from their land, give a blow to the movement, and open the way to multinational companies eager to get their hands on the natural wealth of the region: wood, water, and mining. In the process, thousands of indigenous people suffer daily threats and terror.
Chiapas is Mexico’s poorest state and has the worst distribution of wealth. Before 1994, the vast majority of indigenous peasants had no land, which was concentrated in the hands of large landowners. With the zapatista uprising, thousands of Tzotzil, Tzelatal, Chol, and Tojolabal Indians recovered the lands that had been stolen from them for centuries. Opddic’s main goal is to take from these Indians the land for which they have fought so hard.
In the municipality of Vicente Guerrero, the authorities explain that half of the population of the community is zapatista, and the other half belongs to Opddic. Since 2002, the members of that organization have been trying to evict the zapatistas and take over all of the land. Recently, they presented a formal request to the Secretariat of the Agrarian Reform to legalize, in their name, the entire territory, including the zapatistas’, as an ejido.
One of the main achievements of the 1910 Revolution was the creation of ejidos, which were meant to protect peasants from land speculation. Ejidos are communal lands that could not be sold and that were granted by the Agrarian Reform to indigenous and peasant communities in order to solve the historic problem of the monopoly of land ownership. But in 1992, during the government of Carlos Salinas de Gortari, the Constitution was modified to make ejidos saleable. Thus, that which was originally intended to guarantee a fair distribution of wealth has now been transformed into a tool to protect the interests of large enterprise.
Once the land is declared an ejido, the ejidatarios can register it under Procede, a government program that allows the privatization of ejido land. Once registered, the land can be sold to multinational timber, hydroelectric, or mining companies. The problem is that, in order to declare the land an ejido, all of the tenants must agree. In the community of Nance, for example, there are still 26 families opposed to the creation of the ejido.
This explains Opddic’s violent methods: their strategy is to corner the population to join their organization and to declare “squatters” all of those who refuse, threatening them with violent eviction. Opddic’s members receive government incentives and even weapons. According to the representatives of the village of San Miguel Agua Azul, the Chiapas Police sells them grenades and bullets. They also receive financial support from government programs which, in the context of poverty and fear, become powerful incentives for zapatista peasants to stop resisting and to join the organization.
The Secretariat of Agrarian Reform (SRA) is also in connivance with Opddic. Recently, the Center for Political Analysis and Social and Economic Research (CAPISE) revealed that Beltrán Ruiz Chacón, the lawyer that represented Opddic before the Unitary Agrarian Tribunal in their attempt to evict the zapatistas from the community of Nance, is a delegate of the Workers’ Union of the SRA. With this revelation, the SRA was forced to admit that his activities were illegal. However, Procuraduría Agraria stated that it would continue defending the cause put forth by Opddic.
But there is another, perhaps more alarming factor: the possibility of a military incursion. The zapatistas have repeatedly declared that they will defend their lands at all costs, and this is perfectly understandable: it cost them many lives in 1994 and in the following years to recover and maintain those lands. There they have been building all of these years autonomous education and health systems, they have invented new forms of democracy, eradicated alcoholism and drug use, developed networks of just commerce, and, above all, they have taught their children to live with dignity. Despite daily provocations, the zapatista communities have avoided violence, responding with admirable discipline and organization. But it is fair to ask: how much longer can they keep resisting peacefully the violence, the threats, and the humiliations? Everything seems to indicate that Opddic’s methods are designed to provoke violence in order to justify a military incursion. With Felipe Calderon’s hard-handed rhetoric, nothing would seem more plausible (and nothing would be more tragic and disastrous).
That being so, it is our responsibility, as conscious citizens of the world, to do everything in our power to stop this “low intensity” warfare and to defend everything that our indigenous brothers and sisters have been building and bequeathing the world in these 13 years of resistance.
To listen to testimonies by the zapatistas and reports on the situation, go to www.radiozapatista.org.
Since early this year the authorities of the zapatista communities in resistance have been denouncing increasingly serious aggressions and threats by the paramilitary organization Opddic (“Organization for the Defense of Indigenous and Peasant Rights”). Land invasions, threats of violence, shots to the air, destruction of corn fields and property, theft of crops, beatings, detentions, and kidnappings have become an everyday source of terror that affects hundreds of indigenous families in Chiapas. Even worse: according to the autonomous authorities, all of this is done with the support and complicity of the state and federal governments, the police, and the armed forces, as part as a plan directed by the State to rob the zapatistas of their land and allow the exploitation of natural resources and the development of large tourist projects.
Alarmed by the situation—which has received very little media attention—an International Informational Brigade was formed at the beginning of March to investigate the accusations and make them public in Mexico and the world. Representatives from Spain, France, Germany, Greece, the US, and Mexico have been traveling through various municipalities and communities, speaking with the authorities of the Good Government Councils, the autonomous Municipal Councils, and common people. What they have discovered is an even more alarming situation than was believed.
“We had all of this cultivated and the brothers and sisters from Opddic came with weapons in October of 2006 and took all the corn,” recounts a man in the autonomous region of La Montaña. “They didn’t leave behind a single cob. They destroyed three hectares belonging to our compañeros.”
“The worst was when they cut the cable for the basket three times and destroyed with machetes the community’s boat,” says one of the residents of the village of San Miguel, to which one can only get by crossing the Agua Azul River. “We were left isolated.” San Miguel is in the region of the famous Agua Azul resort, which benefits the residents of Progreso and Joyetá, all of them members of Opddic. “They tell the tourists we are muggers. Sometimes the members of Opddic attack the tourists and blame us. They tied one of our compañeros and stole his money.”
On February 22 and 23, three peasants from Olga Isabel were kidnapped by Opddic and threatened to be burned alive. Only the pressure by the zapatistas and by human rights organizations was able to save them, and they were released the next day.
The representatives of the Good Government Council of Morelia said that they had received letters from Opddic cutting off dialog with the zapatistas and threatening them with violent eviction if they did not abandon their lands.
Why these aggressions? At their root of the conflict are land disputes. Opddic has been active since 1998, and during the government of Vicente Fox it grew significantly. But the recent increase in activities is undoubtedly a reflection of a new government policy to evict the zapatistas from their land, give a blow to the movement, and open the way to multinational companies eager to get their hands on the natural wealth of the region: wood, water, and mining. In the process, thousands of indigenous people suffer daily threats and terror.
Chiapas is Mexico’s poorest state and has the worst distribution of wealth. Before 1994, the vast majority of indigenous peasants had no land, which was concentrated in the hands of large landowners. With the zapatista uprising, thousands of Tzotzil, Tzelatal, Chol, and Tojolabal Indians recovered the lands that had been stolen from them for centuries. Opddic’s main goal is to take from these Indians the land for which they have fought so hard.
In the municipality of Vicente Guerrero, the authorities explain that half of the population of the community is zapatista, and the other half belongs to Opddic. Since 2002, the members of that organization have been trying to evict the zapatistas and take over all of the land. Recently, they presented a formal request to the Secretariat of the Agrarian Reform to legalize, in their name, the entire territory, including the zapatistas’, as an ejido.
One of the main achievements of the 1910 Revolution was the creation of ejidos, which were meant to protect peasants from land speculation. Ejidos are communal lands that could not be sold and that were granted by the Agrarian Reform to indigenous and peasant communities in order to solve the historic problem of the monopoly of land ownership. But in 1992, during the government of Carlos Salinas de Gortari, the Constitution was modified to make ejidos saleable. Thus, that which was originally intended to guarantee a fair distribution of wealth has now been transformed into a tool to protect the interests of large enterprise.
Once the land is declared an ejido, the ejidatarios can register it under Procede, a government program that allows the privatization of ejido land. Once registered, the land can be sold to multinational timber, hydroelectric, or mining companies. The problem is that, in order to declare the land an ejido, all of the tenants must agree. In the community of Nance, for example, there are still 26 families opposed to the creation of the ejido.
This explains Opddic’s violent methods: their strategy is to corner the population to join their organization and to declare “squatters” all of those who refuse, threatening them with violent eviction. Opddic’s members receive government incentives and even weapons. According to the representatives of the village of San Miguel Agua Azul, the Chiapas Police sells them grenades and bullets. They also receive financial support from government programs which, in the context of poverty and fear, become powerful incentives for zapatista peasants to stop resisting and to join the organization.
The Secretariat of Agrarian Reform (SRA) is also in connivance with Opddic. Recently, the Center for Political Analysis and Social and Economic Research (CAPISE) revealed that Beltrán Ruiz Chacón, the lawyer that represented Opddic before the Unitary Agrarian Tribunal in their attempt to evict the zapatistas from the community of Nance, is a delegate of the Workers’ Union of the SRA. With this revelation, the SRA was forced to admit that his activities were illegal. However, Procuraduría Agraria stated that it would continue defending the cause put forth by Opddic.
But there is another, perhaps more alarming factor: the possibility of a military incursion. The zapatistas have repeatedly declared that they will defend their lands at all costs, and this is perfectly understandable: it cost them many lives in 1994 and in the following years to recover and maintain those lands. There they have been building all of these years autonomous education and health systems, they have invented new forms of democracy, eradicated alcoholism and drug use, developed networks of just commerce, and, above all, they have taught their children to live with dignity. Despite daily provocations, the zapatista communities have avoided violence, responding with admirable discipline and organization. But it is fair to ask: how much longer can they keep resisting peacefully the violence, the threats, and the humiliations? Everything seems to indicate that Opddic’s methods are designed to provoke violence in order to justify a military incursion. With Felipe Calderon’s hard-handed rhetoric, nothing would seem more plausible (and nothing would be more tragic and disastrous).
That being so, it is our responsibility, as conscious citizens of the world, to do everything in our power to stop this “low intensity” warfare and to defend everything that our indigenous brothers and sisters have been building and bequeathing the world in these 13 years of resistance.
To listen to testimonies by the zapatistas and reports on the situation, go to www.radiozapatista.org.
Guerra de Baja Intensidad en Chiapas: Terrorismo de Estado y Paramilitares
Alejandro Reyes
Desde el inicio de este año, las autoridades de las comunidades zapatistas en resistencia han estado denunciando agresiones y amenazas cada vez más graves por parte de la organización paramilitar Opddic (“Organización por la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos”). Invasión de tierras, amenazas de violencia, disparos al aire, destrucción de milpas, robo de maíz, golpizas, detenciones y secuestros se han vuelto un terror cotidiano que afectan a cientos de familias indígenas de Chiapas. Y lo más grave: según las autoridades autónomas, todo esto con la complicidad de los gobiernos estatal y federal, de la policía y del ejército, como parte de un plan dirigido por el Estado para despojar a los zapatistas de sus tierras y permitir la explotación de los recursos naturales y la imposición de megaproyectos turísticos.
Alarmados con la situación —a la que poquísimos medios de comunicación han dado atención—, una Brigada Internacional de Información se formó al inicio de marzo para investigar las denuncias y hacerlas públicas en México y en el mundo. Representantes de España, Francia, Alemania, Grecia, Estados Unidos y México han estado recorriendo varios municipios y comunidades, hablando con autoridades de las Juntas de Buen Gobierno, Consejos Municipales y gente común. Lo que han descubierto es una situación mucho más alarmante de lo que se creía.
“Teníamos trabajado allá y los hermanos de la Opddic en octubre de 2006 vinieron con armas y lo llevaron todo el maíz,” cuenta un hombre en la región autónoma La Montaña. “No dejaron ni una mazorca. Tumbaron tres hectáreas de los compañeros.”
“Lo más grave fue cuando cortaron tres veces el cable de la canasta y destruyeron a machetazos el cayuco de la comunidad,” dice uno de los habitantes del poblado de San Miguel, al cual sólo se puede llegar atravesando el río Agua Azul. “Nos dejaron aislados.” San Miguel está en la región del famoso balneario de Agua Azul, del cual se benefician las poblaciones Progreso y Joyetá, ambas de la Opddic. “Nos acusan con los turistas de que somos asaltantes. A veces han llegado los mismos de la Opddic y asaltan a los extranjeros. Amarraron un compañero y le robaron su dinero.”
El 22 y 23 de febrero, tres campesinos de Olga Isabel fueron secuestrados por la Opddic y amenazados de ser quemados vivos. Sólo gracias a la presión de los zapatistas y de organizaciones de defensa de los derechos humanos fueron liberados al otro día.
Los representantes de la Junta de Buen Gobierno de Morelia cuentan que han recibido cartas de la Opddic suspendiendo el diálogo con los zapatistas y amenazándolos de despojarlos violentamente de sus tierras.
La Opddic ha estado activa desde 1998 y durante el gobierno de Vicente Fox creció enormemente. Pero el reciente aumento de actividades responde sin duda a una nueva política del gobierno para despojar a los zapatistas de la tierra, golpear al movimiento y abrir el camino para que las grandes empresas exploten las riquezas naturales de la región: madera, agua, minería, turismo. Mientras eso, miles de indígenas sufren amenazas y terror cotidiano.
Chiapas es el estado más pobre de México y con la peor distribución de riquezas. Antes de 1994, la inmensa mayoría de los indígenas campesinos carecían de tierras, que estaban en manos de los grandes finqueros. Con el levantamiento zapatista, miles de indios tzotziles, tzeltales, choles y tojolabales recuperaron tierras que les habían sido robadas durante siglos. El objetivo principal de la Opddic es arrebatarle a los indios las tierras por las que tanto han luchado.
En el municipio de Vicente Guerrero, las autoridades explican que en la comunidad de Nance la mitad de la población es zapatista y la otra es de la Opddic. Desde 2002, los miembros de esa organización han estado tratando de expulsar a los zapatistas y obtener toda la tierra. Recientemente, solicitaron a la Secretaría de la Reforma Agraria la legalización a su nombre de todo el territorio, incluyendo el de los zapatistas, como ejido.
Uno de los principales logros de la Revolución de 1910 fue la creación de los ejidos, con el objeto de proteger a los campesinos de la especulación con la tierra. Los ejidos son tierras comunitarias que no podían ser vendidas y que eran concedidas por la Reforma Agraria a las comunidades indígenas y campesinas para solucionar el histórico problema del latifundio. Pero en 1992, durante el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se cambió la Constitución y, desde entonces, los ejidos ya se pueden vender. Así, lo que originalmente sirvió para garantizar la repartición justa de la riqueza, hoy sirve para proteger los intereses de las grandes empresas.
Cuando la tierra se transforma en ejido, los ejidatarios pueden registrarla en el Procede, programa de gobierno que permite la privatización de la tierra ejidal. Una vez registrada, la tierra se puede vender a las grandes compañías madereras, hidroeléctricas o mineras. El problema es que, para que la tierra sea declarada ejido, se necesita que todos los habitantes estén de acuerdo. En la comunidad de Nance, por ejemplo, hay todavía 26 familias que se oponen a la creación del ejido.
Eso explica la agresividad de la Opddic: arrinconar a la población a que se una a esa organización y declarar “invasores” a los que se rehúsen, amenazándolos con expulsarlos violentamente. Los miembros de la Opddic reciben incentivos del gobierno e incluso armamento. Según los representantes de San Miguel Agua Azul, la Policía de Chiapas les vende granadas y balas. También reciben apoyos financieros y programas de gobierno que, ante la pobreza y el miedo, se vuelven incentivos para que los campesinos zapatistas dejen de resistir y se unan ellos.
La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) también es cómplice de la Opddic. Recientemente, el Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE) denunció que Beltrán Ruiz Chacón, el abogado que representaba a la Opddic ante el Tribunal Unitario Agrario para expulsar a los zapatistas de la comunidad de Nance, es delegado del Sindicato de Trabajadores de la SRA. Con esta revelación, la SRA se vio forzada a reconocer que su actuación es ilegal. Sin embargo, la Procuraduría Agraria afirmó que seguiría defendiendo los juicios promovidos por la Opddic.
Pero hay otro factor tal vez más alarmante: la posibilidad de una incursión militar. Los zapatistas han declarado una y otra vez que van a defender sus tierras cueste lo que cueste, y nada es más comprensible: mucha sangre les costó en 1994 y en todos los años siguientes recuperar esas tierras y mantenerlas. Allí han construido todos estos años sistemas de educación y salud autónomos, inventado nuevas formas de hacer democracia, erradicado el alcoholismo y las drogas, desarrollado redes de comercio justo y, sobre todo, enseñado a sus hijas e hijos a vivir dignamente. A pesar de las provocaciones cotidianas, las comunidades zapatistas han evitado la violencia, respondiendo con disciplina y organización admirables. Pero uno se pregunta: ¿hasta cuándo podrán seguir resistiendo pacíficamente la violencia, las amenazas y las humillaciones? Todo indica que la Opddic, con sus métodos, está tratando de provocar un enfrentamiento que justifique la entrada del ejército. Con el discurso de “mano dura” de Felipe Calderón, nada parecería más natural (y nada sería más trágico y desastroso).
Siendo así, cabe a nosotros, ciudadanos concientes de todo el mundo, hacer todo lo que esté a nuestro alcance para frenar esta guerra de “baja intensidad” y defender todo lo que nuestros hermanos indígenas han estado construyendo y legando al mundo en estos 13 años de resistencia.
Para escuchar los testimonios de los zapatistas y reportajes sobre la situación, vaya a www.radiozapatista.org.
Desde el inicio de este año, las autoridades de las comunidades zapatistas en resistencia han estado denunciando agresiones y amenazas cada vez más graves por parte de la organización paramilitar Opddic (“Organización por la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos”). Invasión de tierras, amenazas de violencia, disparos al aire, destrucción de milpas, robo de maíz, golpizas, detenciones y secuestros se han vuelto un terror cotidiano que afectan a cientos de familias indígenas de Chiapas. Y lo más grave: según las autoridades autónomas, todo esto con la complicidad de los gobiernos estatal y federal, de la policía y del ejército, como parte de un plan dirigido por el Estado para despojar a los zapatistas de sus tierras y permitir la explotación de los recursos naturales y la imposición de megaproyectos turísticos.
Alarmados con la situación —a la que poquísimos medios de comunicación han dado atención—, una Brigada Internacional de Información se formó al inicio de marzo para investigar las denuncias y hacerlas públicas en México y en el mundo. Representantes de España, Francia, Alemania, Grecia, Estados Unidos y México han estado recorriendo varios municipios y comunidades, hablando con autoridades de las Juntas de Buen Gobierno, Consejos Municipales y gente común. Lo que han descubierto es una situación mucho más alarmante de lo que se creía.
“Teníamos trabajado allá y los hermanos de la Opddic en octubre de 2006 vinieron con armas y lo llevaron todo el maíz,” cuenta un hombre en la región autónoma La Montaña. “No dejaron ni una mazorca. Tumbaron tres hectáreas de los compañeros.”
“Lo más grave fue cuando cortaron tres veces el cable de la canasta y destruyeron a machetazos el cayuco de la comunidad,” dice uno de los habitantes del poblado de San Miguel, al cual sólo se puede llegar atravesando el río Agua Azul. “Nos dejaron aislados.” San Miguel está en la región del famoso balneario de Agua Azul, del cual se benefician las poblaciones Progreso y Joyetá, ambas de la Opddic. “Nos acusan con los turistas de que somos asaltantes. A veces han llegado los mismos de la Opddic y asaltan a los extranjeros. Amarraron un compañero y le robaron su dinero.”
El 22 y 23 de febrero, tres campesinos de Olga Isabel fueron secuestrados por la Opddic y amenazados de ser quemados vivos. Sólo gracias a la presión de los zapatistas y de organizaciones de defensa de los derechos humanos fueron liberados al otro día.
Los representantes de la Junta de Buen Gobierno de Morelia cuentan que han recibido cartas de la Opddic suspendiendo el diálogo con los zapatistas y amenazándolos de despojarlos violentamente de sus tierras.
La Opddic ha estado activa desde 1998 y durante el gobierno de Vicente Fox creció enormemente. Pero el reciente aumento de actividades responde sin duda a una nueva política del gobierno para despojar a los zapatistas de la tierra, golpear al movimiento y abrir el camino para que las grandes empresas exploten las riquezas naturales de la región: madera, agua, minería, turismo. Mientras eso, miles de indígenas sufren amenazas y terror cotidiano.
Chiapas es el estado más pobre de México y con la peor distribución de riquezas. Antes de 1994, la inmensa mayoría de los indígenas campesinos carecían de tierras, que estaban en manos de los grandes finqueros. Con el levantamiento zapatista, miles de indios tzotziles, tzeltales, choles y tojolabales recuperaron tierras que les habían sido robadas durante siglos. El objetivo principal de la Opddic es arrebatarle a los indios las tierras por las que tanto han luchado.
En el municipio de Vicente Guerrero, las autoridades explican que en la comunidad de Nance la mitad de la población es zapatista y la otra es de la Opddic. Desde 2002, los miembros de esa organización han estado tratando de expulsar a los zapatistas y obtener toda la tierra. Recientemente, solicitaron a la Secretaría de la Reforma Agraria la legalización a su nombre de todo el territorio, incluyendo el de los zapatistas, como ejido.
Uno de los principales logros de la Revolución de 1910 fue la creación de los ejidos, con el objeto de proteger a los campesinos de la especulación con la tierra. Los ejidos son tierras comunitarias que no podían ser vendidas y que eran concedidas por la Reforma Agraria a las comunidades indígenas y campesinas para solucionar el histórico problema del latifundio. Pero en 1992, durante el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se cambió la Constitución y, desde entonces, los ejidos ya se pueden vender. Así, lo que originalmente sirvió para garantizar la repartición justa de la riqueza, hoy sirve para proteger los intereses de las grandes empresas.
Cuando la tierra se transforma en ejido, los ejidatarios pueden registrarla en el Procede, programa de gobierno que permite la privatización de la tierra ejidal. Una vez registrada, la tierra se puede vender a las grandes compañías madereras, hidroeléctricas o mineras. El problema es que, para que la tierra sea declarada ejido, se necesita que todos los habitantes estén de acuerdo. En la comunidad de Nance, por ejemplo, hay todavía 26 familias que se oponen a la creación del ejido.
Eso explica la agresividad de la Opddic: arrinconar a la población a que se una a esa organización y declarar “invasores” a los que se rehúsen, amenazándolos con expulsarlos violentamente. Los miembros de la Opddic reciben incentivos del gobierno e incluso armamento. Según los representantes de San Miguel Agua Azul, la Policía de Chiapas les vende granadas y balas. También reciben apoyos financieros y programas de gobierno que, ante la pobreza y el miedo, se vuelven incentivos para que los campesinos zapatistas dejen de resistir y se unan ellos.
La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) también es cómplice de la Opddic. Recientemente, el Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE) denunció que Beltrán Ruiz Chacón, el abogado que representaba a la Opddic ante el Tribunal Unitario Agrario para expulsar a los zapatistas de la comunidad de Nance, es delegado del Sindicato de Trabajadores de la SRA. Con esta revelación, la SRA se vio forzada a reconocer que su actuación es ilegal. Sin embargo, la Procuraduría Agraria afirmó que seguiría defendiendo los juicios promovidos por la Opddic.
Pero hay otro factor tal vez más alarmante: la posibilidad de una incursión militar. Los zapatistas han declarado una y otra vez que van a defender sus tierras cueste lo que cueste, y nada es más comprensible: mucha sangre les costó en 1994 y en todos los años siguientes recuperar esas tierras y mantenerlas. Allí han construido todos estos años sistemas de educación y salud autónomos, inventado nuevas formas de hacer democracia, erradicado el alcoholismo y las drogas, desarrollado redes de comercio justo y, sobre todo, enseñado a sus hijas e hijos a vivir dignamente. A pesar de las provocaciones cotidianas, las comunidades zapatistas han evitado la violencia, respondiendo con disciplina y organización admirables. Pero uno se pregunta: ¿hasta cuándo podrán seguir resistiendo pacíficamente la violencia, las amenazas y las humillaciones? Todo indica que la Opddic, con sus métodos, está tratando de provocar un enfrentamiento que justifique la entrada del ejército. Con el discurso de “mano dura” de Felipe Calderón, nada parecería más natural (y nada sería más trágico y desastroso).
Siendo así, cabe a nosotros, ciudadanos concientes de todo el mundo, hacer todo lo que esté a nuestro alcance para frenar esta guerra de “baja intensidad” y defender todo lo que nuestros hermanos indígenas han estado construyendo y legando al mundo en estos 13 años de resistencia.
Para escuchar los testimonios de los zapatistas y reportajes sobre la situación, vaya a www.radiozapatista.org.
Saturday, March 10, 2007
Audios: Agresiones de la organización paramilitar OPDDIC contra los zapatistas
Una brigada internacional de información (Francia, Alemania, España, Grecia, Turquía, EUA, México) está viajando en territorio zapatista entrevistando a las juntas de buen gobierno, consejos municipales autónomos y población en general y visitando a las comunidades afectadas por las agresiones y amenazas de la organización paramilitar OPDDIC que, en complicidad con los gobiernos federal y estatal, está tratando de despojar a los zapatistas de sus tierras y provocar un enfrentamiento, para justificar una incursión militar. Radio Zapatista participó en el inicio del recorrido y tenemos algunos audios que compartir:
Testimonio de la Junta de Buen Gobierno Corazón del Arcoiris de la Esperanza (Morelia):
http://chiapas.indymedia.org/display.php3?article_id=143337
Testimonio del Consejo Municipal autónomo de Vicente Guerrero:
http://chiapas.indymedia.org/local/webcast/uploads/consejovicenteguerrero.mp3
Programa especial con Hermann Bellinghausen, Gustavo Esteva y Gustavo Castro (55 min):
http://chiapas.indymedia.org/local/webcast/uploads/radiozapatista02mar07.mp3
Programa en inglés sobre las acciones de la OPDDIC (25 min)
http://chiapas.indymedia.org/local/webcast/uploads/radiozapatista09mar07.mp3
Pueden escuchar/bajar/usar otros programas y audios en www.radiozapatista.org. Continuaremos cubriendo la situación en Chiapas...
Testimonio de la Junta de Buen Gobierno Corazón del Arcoiris de la Esperanza (Morelia):
http://chiapas.indymedia.org/display.php3?article_id=143337
Testimonio del Consejo Municipal autónomo de Vicente Guerrero:
http://chiapas.indymedia.org/local/webcast/uploads/consejovicenteguerrero.mp3
Programa especial con Hermann Bellinghausen, Gustavo Esteva y Gustavo Castro (55 min):
http://chiapas.indymedia.org/local/webcast/uploads/radiozapatista02mar07.mp3
Programa en inglés sobre las acciones de la OPDDIC (25 min)
http://chiapas.indymedia.org/local/webcast/uploads/radiozapatista09mar07.mp3
Pueden escuchar/bajar/usar otros programas y audios en www.radiozapatista.org. Continuaremos cubriendo la situación en Chiapas...
Wednesday, March 07, 2007
Programa de Radio Zapatista con Hermann Bellinghausen, Gustavo Esteva y Gustavo Castro
Con la presencia en vivo de Gustavo Castro y Gustavo Esteva y entrevista telefónica con Hermann Bellinghausen, el último programa de Radio Zapatista (1 hora, en español) lo dedicamos a las agresiones y amenazas paramilitares contra las comunidades zapatistas en Chiapas, en el contexto de la lucha por la tierra, y a un análisis sobre la situación actual en Oaxaca. Para escuchar el programa, apriete aquí: http://chiapas.indymedia.org/local/webcast/uploads/radiozapatista02mar07.mp3 o vaya a la página de Radio Zapatista: http://www.radiozapatista.org.
La semana pasada Radio Zapatista estuvo en Chiapas con una brigada internacional de información para observar y reportar sobre la situación. El próximo programa (media hora en inglés, el viernes 9 de marzo a las 9:30 pm - KPFA 94.1 FM - San Francisco/Berkeley) será dedicado casi exclusivamente a este tema.
Con respecto a Oaxaca, la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos acaba de publicar su informe final sobre los hechos en Oaxaca y está actualmente divulgando el resultado en varias partes del país. Esperamos que en breve el reporte se pueda leer directamente en su página (http://cciodh.pangea.org).
La semana pasada Radio Zapatista estuvo en Chiapas con una brigada internacional de información para observar y reportar sobre la situación. El próximo programa (media hora en inglés, el viernes 9 de marzo a las 9:30 pm - KPFA 94.1 FM - San Francisco/Berkeley) será dedicado casi exclusivamente a este tema.
Con respecto a Oaxaca, la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos acaba de publicar su informe final sobre los hechos en Oaxaca y está actualmente divulgando el resultado en varias partes del país. Esperamos que en breve el reporte se pueda leer directamente en su página (http://cciodh.pangea.org).
Sunday, February 04, 2007
Democracia
(Por Miguel Alejandro Martínez Lira)
Tengo las palabras
heridas
de su democracia,
de los aplausos,
de los brindis
que celebran tanta muerte,
tanto crimen
ya antiguo,
recientes crímenes
como Atenco.
Mis palabras
están heridas
de su democracia,
la de los crímenes cotidianos
de la explotación,
el hambre
y la miseria.
Mi palabra entonces
es dolor,
cada letra
es golpe,
sangre
campesina,
de estudiantes
y obreros,
compañeras,
hermanas,
madres,
niñas,
niños,
dolor tan mío,
golpe que sufro
porque la sangre
también es mía.
Democracia que roba.
Democracia que humilla.
Democracia que hiere.
Democracia que viola.
Democracia asesina.
Tengo las palabras
heridas
de su democracia,
de los aplausos,
de los brindis
que celebran tanta muerte,
tanto crimen
ya antiguo,
recientes crímenes
como Atenco.
Mis palabras
están heridas
de su democracia,
la de los crímenes cotidianos
de la explotación,
el hambre
y la miseria.
Mi palabra entonces
es dolor,
cada letra
es golpe,
sangre
campesina,
de estudiantes
y obreros,
compañeras,
hermanas,
madres,
niñas,
niños,
dolor tan mío,
golpe que sufro
porque la sangre
también es mía.
Democracia que roba.
Democracia que humilla.
Democracia que hiere.
Democracia que viola.
Democracia asesina.
Saturday, January 27, 2007
(Unpublished) Letter to the Editor, NYT
To the Editors:
We were surprised by a missed opportunity in two articles related to corn prices, published on the same day ("Cost of Corn Soars" and "Wall Street Is Betting on the Farm," 1/19/2007). Our own research focuses on the economics and cultures of corn in Mexico, so naturally we have followed the news of rising tortilla prices with interest. While the first article mentions that perhaps Mexican companies are hoarding corn supplies and that ethanol has driven up the price in the U.S., the second article, which does not mention Mexico, reveals another major factor: Wall St. traders are speculating heavily on agricultural commodities, particularly corn. Wall St. has long influenced economies around the world, and given the evidence of increasing speculation in farm commodities, its role in the Mexican tortilla crisis should not have been overlooked.
Daniel Nemser
Daniel Buch
San Francisco, CA
The authors are graduate students in Spanish and Sociology (respectively) at the University of California, Berkeley.
We were surprised by a missed opportunity in two articles related to corn prices, published on the same day ("Cost of Corn Soars" and "Wall Street Is Betting on the Farm," 1/19/2007). Our own research focuses on the economics and cultures of corn in Mexico, so naturally we have followed the news of rising tortilla prices with interest. While the first article mentions that perhaps Mexican companies are hoarding corn supplies and that ethanol has driven up the price in the U.S., the second article, which does not mention Mexico, reveals another major factor: Wall St. traders are speculating heavily on agricultural commodities, particularly corn. Wall St. has long influenced economies around the world, and given the evidence of increasing speculation in farm commodities, its role in the Mexican tortilla crisis should not have been overlooked.
Daniel Nemser
Daniel Buch
San Francisco, CA
The authors are graduate students in Spanish and Sociology (respectively) at the University of California, Berkeley.
Saturday, December 23, 2006
La Otra Campaña en el otro lado...
... del Atlántico!
The actions called for by the EZLN in support of Oaxaca were supposed to take place yesterday, December 22. In Madrid, however, the protest happened on the 20th. Why? Clara Redal, one of the event's organizers and a member of the Comisión Confederal de Solidaridad con Chiapas, explained the date change by pointing out the fact that the 22nd is the day when "aquí, todos se van a su pueblo."
In the context of worldwide, coordinated mobilizations, I read this move as a piece (however superfluous or limited) of the process of building the local autonomies that the Otra Campaña seeks to support. It's a clear and easy example of the way in which Zapatista thought serves as inspiration instead of top-down, authoritarian mandates. The Otra Campaña allows -- or, better yet, demands -- local flexibility in conjunction with global ties.
The actions called for by the EZLN in support of Oaxaca were supposed to take place yesterday, December 22. In Madrid, however, the protest happened on the 20th. Why? Clara Redal, one of the event's organizers and a member of the Comisión Confederal de Solidaridad con Chiapas, explained the date change by pointing out the fact that the 22nd is the day when "aquí, todos se van a su pueblo."
In the context of worldwide, coordinated mobilizations, I read this move as a piece (however superfluous or limited) of the process of building the local autonomies that the Otra Campaña seeks to support. It's a clear and easy example of the way in which Zapatista thought serves as inspiration instead of top-down, authoritarian mandates. The Otra Campaña allows -- or, better yet, demands -- local flexibility in conjunction with global ties.
Sunday, November 12, 2006
Los oaxaqueños del norte de California construyen una Otra Geografía
Alejandro Reyes
En la ciudad de Santa Rosa, en el norte de California, se realizó ayer el Primer Foro Informativo de Análisis Sobre la Situación de Conflicto en Oaxaca. Más de cien personas, la gran mayoría de origen oaxaqueño, se reunieron para discutir la situación en Oaxaca y promover acciones en solidaridad con el movimiento popular en ese estado.
El foro fue organizado por el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB), Comité en Apoyo al Movimiento Popular de los Pueblos de Oaxaca (CAMPPO), Congreso Indígena Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magón” (CIPO-RFM), Movimiento Estudiantil Chicano de Aztlán (MEChA), CHALE y Free Mind Media. También presentes estuvieron organizaciones y medios alternativos como Peace and Justice Center, Colectiva Zapatista Ramona, Comité de Apoyo a Chiapas, Voces Cruzando Fronteras y Pacifica Radio (KPFA).
El foro resultó en un comunicado conjunto que será enviado a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) con varias resoluciones: la decisión colectiva de presionar desde los Estados Unidos a los consulados mexicanos para que se retire la Policía Federal Preventiva del estado y por la destitución del gobernador Ulises Ruiz; la decisión de participar en las movilizaciones planeadas para el 20 de noviembre; manifestarse contra la privatización de la educación; exigir el enjuiciamiento del gobierno de Oaxaca por los crímenes cometidos contra el pueblo oaxaqueño.
Rufino Domínguez, de la FIOB, explicó que el propósito de este movimiento va más allá de la solidaridad con Oaxaca. Lo que se pretende es una comunicación y una participación activas, reconociendo los vínculos estrechos que unen a la población oaxaqueña en Estados Unidos con su estado de origen. La FIOB, aunque está compuesta mayoritariamente de indígenas oaxaqueños, cuenta con miembros de muchos otros pueblos. Así, la organización sirve como mecanismo para la construcción de una “otra geografía” que desconoce las fronteras artificiales del poder y responde a una realidad mucho más compleja. De hecho, fue a partir de un encuentro similar al ocurrido en Santa Rosa que, el 8 de octubre de este año, surgió en Los Angeles la APPO-LA, sección californiana de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.
La diáspora oaxaqueña, resultado de las condiciones de pobreza y marginación en ese estado, ha resultado en iniciativas organizativas importantes tanto en México como en Estados Unidos. Tal es el caso con los pueblos triquis en Baja California, visitados por el Subcomandante Marcos y la Otra Campaña hace un mes. A pesar de las condiciones de pobreza, marginación y discriminación en las que viven, haciendo funcionar la agroindustria del jitomate en esa región, esos pueblos muestran una ejemplar capacidad de resistencia y organización.
El pueblo oaxaqueño continúa luchando contra la arbitrariedad y la violencia de los gobiernos y del capital, contribuyendo para construir un México y un mundo más inclusivo y más justo.
En la ciudad de Santa Rosa, en el norte de California, se realizó ayer el Primer Foro Informativo de Análisis Sobre la Situación de Conflicto en Oaxaca. Más de cien personas, la gran mayoría de origen oaxaqueño, se reunieron para discutir la situación en Oaxaca y promover acciones en solidaridad con el movimiento popular en ese estado.
El foro fue organizado por el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB), Comité en Apoyo al Movimiento Popular de los Pueblos de Oaxaca (CAMPPO), Congreso Indígena Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magón” (CIPO-RFM), Movimiento Estudiantil Chicano de Aztlán (MEChA), CHALE y Free Mind Media. También presentes estuvieron organizaciones y medios alternativos como Peace and Justice Center, Colectiva Zapatista Ramona, Comité de Apoyo a Chiapas, Voces Cruzando Fronteras y Pacifica Radio (KPFA).
El foro resultó en un comunicado conjunto que será enviado a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) con varias resoluciones: la decisión colectiva de presionar desde los Estados Unidos a los consulados mexicanos para que se retire la Policía Federal Preventiva del estado y por la destitución del gobernador Ulises Ruiz; la decisión de participar en las movilizaciones planeadas para el 20 de noviembre; manifestarse contra la privatización de la educación; exigir el enjuiciamiento del gobierno de Oaxaca por los crímenes cometidos contra el pueblo oaxaqueño.
Rufino Domínguez, de la FIOB, explicó que el propósito de este movimiento va más allá de la solidaridad con Oaxaca. Lo que se pretende es una comunicación y una participación activas, reconociendo los vínculos estrechos que unen a la población oaxaqueña en Estados Unidos con su estado de origen. La FIOB, aunque está compuesta mayoritariamente de indígenas oaxaqueños, cuenta con miembros de muchos otros pueblos. Así, la organización sirve como mecanismo para la construcción de una “otra geografía” que desconoce las fronteras artificiales del poder y responde a una realidad mucho más compleja. De hecho, fue a partir de un encuentro similar al ocurrido en Santa Rosa que, el 8 de octubre de este año, surgió en Los Angeles la APPO-LA, sección californiana de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.
La diáspora oaxaqueña, resultado de las condiciones de pobreza y marginación en ese estado, ha resultado en iniciativas organizativas importantes tanto en México como en Estados Unidos. Tal es el caso con los pueblos triquis en Baja California, visitados por el Subcomandante Marcos y la Otra Campaña hace un mes. A pesar de las condiciones de pobreza, marginación y discriminación en las que viven, haciendo funcionar la agroindustria del jitomate en esa región, esos pueblos muestran una ejemplar capacidad de resistencia y organización.
El pueblo oaxaqueño continúa luchando contra la arbitrariedad y la violencia de los gobiernos y del capital, contribuyendo para construir un México y un mundo más inclusivo y más justo.
Saturday, November 11, 2006
Letter to the New York Times (unpublished)
To the Editor:
Re "Mexican Forces Move to Retake Oaxaca" (October 29): This article rightly points to Ulises Ruiz's responsibility in causing the confrontation to "spiral out of control." But it leaves out important context. The "unrest" did not begin "as a teachers' strike." In fact, the teachers' union convenes annual strikes, which in the past have regularly led to negotiation and compromise with the government. This time, however, Mr. Ruiz forwent negotiation and unilaterally sent the police to repress—with violent tactics, including helicopters and tear gas. Sunday's violent occupation of the central plaza by federal police must be understood within this trajectory of continuing state repression—characterized by three protester deaths that went unreported in this paper, but appear in the well-regarded Mexican daily La Jornada.
Sincerely,
Daniel Nemser
The writer reports for KPFA-Pacifica Radio on Mexican politics and is a graduate student at the University of California, Berkeley.
Re "Mexican Forces Move to Retake Oaxaca" (October 29): This article rightly points to Ulises Ruiz's responsibility in causing the confrontation to "spiral out of control." But it leaves out important context. The "unrest" did not begin "as a teachers' strike." In fact, the teachers' union convenes annual strikes, which in the past have regularly led to negotiation and compromise with the government. This time, however, Mr. Ruiz forwent negotiation and unilaterally sent the police to repress—with violent tactics, including helicopters and tear gas. Sunday's violent occupation of the central plaza by federal police must be understood within this trajectory of continuing state repression—characterized by three protester deaths that went unreported in this paper, but appear in the well-regarded Mexican daily La Jornada.
Sincerely,
Daniel Nemser
The writer reports for KPFA-Pacifica Radio on Mexican politics and is a graduate student at the University of California, Berkeley.
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