Despojo y detención de ejidatarios de Bachajón

El día de ayer, 140 compañeros adherentes a la Otra Campaña del ejido de San Sebastián Bachajón fueron detenidos, durante una protesta después del desalojo violento de la caseta de cobro de las cascadas de Agua Azul, por 60 atacantes priístas.

Esto sucede un día después de la visita de Felipe Calderón a Chiapas, donde viene a promover la construcción de la autopista San Cristóbal - Palenque y los proyectos de "desarrollo" turístico. Como es sabido, la región de Agua Azul es el blanco de una fuerte disputa por despojar a los zapatistas y a los miembros de la Otra Campaña de territorio esencial para los planes turísticos del gobierno estatal y federal y el capital multinacional.

Los priístas de Agua Azul están vinclados a la organización Opddic, inumerables vezes denunciada como grupo paramilitar. El gobierno lo niega; la mayoría de los medios también.

Este excelente artículo de Gilberto López y Rivas da cuenta de los planes explícitos del ejército mexicano de armar y entrenar a grupos paramilitares como pieza fundamental de la estrategia contrainsurgente: "El plan de campaña de 1994 contra el EZLN".

Gilberto López y Rivas: El plan de campaña de 1994 contra el EZLN

Pulicado en La Jornada

Gilberto López y Rivas

En tiempos de filtración de documentos de los ámbitos del poder, recientemente llegó a mis manos un texto importante para entender la perspectiva estratégica y las acciones tácticas de los militares mexicanos frente al histórico levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional iniciado el primero de enero de 1994. Se trata del plan de campaña de la comandancia general de la VII Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) establecida en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fechado en octubre de ese año.
Redactado por quien ostentaba el nombre clave de S-3 y con el visto bueno del comandante de la VII Región Militar y del general secretario de la Defensa Nacional, el plan establece que el objetivo estratégico-operacional es destruir la voluntad de combatir del EZLN, aislarlo de la población civil, logrando el apoyo de ésta en beneficio de las operaciones, en tanto que el objetivo táctico es destruir y/o desorganizar la estructura política militar de esa organización. En todo el documento se utilizan los términos de subversivos, trasgresores de la ley y alteradores del orden para referirse a los zapatistas, o las iniciales E.Z.L.N. Al respecto, recuerdo en esos años, y en mi calidad de miembro de la Comisión de Concordia y Pacificación, las afirmaciones reiteradas de los militares de rangos superiores: ¡en México sólo hay un ejército, el mexicano!
Después de exponer los propósitos centrales del plan, las orientaciones del alto mando establecían lo siguiente: evitar un conflicto internacional con Guatemala, manejar el contacto de los medios de comunicación en beneficio de las fuerzas armadas y limitar los efectos negativos que estuvieran en capacidad de desarrollar las organizaciones de derechos humanos y los organismos no gubernamentales, nacionales e internacionales. Para ello, se deberían ejecutar en forma coordinada acciones tácticas, de inteligencia, sicológicas, de asuntos civiles, entre otras, y una que llama poderosamente la atención de quienes denunciamos en esas fechas el apoyo de Sedena a grupos paramilitares: el asesoramiento y organización de las fuerzas de autodefensa. En este tema, se explicita lo siguiente: Organizar secretamente a ciertos sectores de la población civil, entre otros, a ganaderos, pequeños propietarios e individuos caracterizados con un alto sentido patriótico (sic), quienes serán empleados a órdenes en apoyo de nuestras operaciones. Más adelante se mencionan anexos referidos pero no incorporados en el documento; el contenido de uno de ellos era el siguiente: Describe actividades del Ejército en el adiestramiento y apoyo de las fuerzas de autodefensa u otras organizaciones paramilitares, lo cual puede ser el principio fundamental de la movilización para las operaciones militares y de desarrollo. Incluye además el asesoramiento y ayuda que se presta a otras dependencias del gobierno y a funcionarios gubernamentales locales, municipales, estatales y federales. En el caso de no existir fuerzas de autodefensa es necesario crearlas. Finalmente, para quienes se han afanado en negar la validez de nuestra denuncia ante la PGR en torno a la existencia de grupos paramilitares entrenados y apoyados por el Ejército, el plan sostiene: Las operaciones militares incluyen el adiestramiento de fuerzas locales de autodefensa, para que participen en los programas de seguridad y desarrollo.

La lista de los aliados de los zapatistas o sectores a neutralizar por diferentes medios y las medidas a tomar, acorde a los militares, es significativa: “En coordinación con el gobierno del estado y otras autoridades, deberá aplicar la censura a los diferentes medios de difusión masiva (…) Los principales medios a emplear (por los trasgresores) seguirán siendo la prensa nacional y extranjera, los organismos no gubernamentales, organizaciones de izquierda y religiosas que propugnan la teología de la liberación”. Para la fase de la campaña ofensiva se ordena lo siguiente: “1.- Suspensión de garantías individuales en la entidad: a) desplazamiento forzado de la población bajo la influencia zapatista hacia albergues o zonas de refugio oficiales; b) neutralización de la organización y actividades de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas; c) captura y consignación de mexicanos identificados con el E.Z.L.N.; d) captura y expulsión de extranjeros perniciosos; (…) g) muerte o control de ganado equino y vacuno; h) destrucción de siembras y cosechas; i) empleo de la autodefensa civil…1.- Romper la relación de apoyo que existe entre la población y los trasgresores de la ley”.
La visión castrense del EZLN como organización, en lo político y militar, también llama la atención: El autodenominado E.Z.L.N., como toda organización maoísta (sic), está constituida por una dirección política, las fuerzas armadas y las organizaciones de masas, las cuales son: la parte fundamental y (el) más importante elemento de la estrategia maoísta, (y) se estructura con organizaciones reales o de fachada, en los sectores: magisterial, estudiantil, popular, laboral, étnicas, religiosas, campesinas y otras. En estas organizaciones se desempeñan los comandos, las fuerzas milicianas mexicanas y las guerrillas locales. En lo militar se menciona que el EZLN está organizado con una comandancia general, con su estado mayor, operando en tres frentes: norte, central y sur, cada uno con un regimiento y sus respectivos batallones, además de los comandos urbanos y rurales (fuerzas especiales selectas), guerrillas locales y fuerzas milicianas mexicanas, dando números precisos de los integrantes de cada uno de ellos.
El plan de campaña prueba que mientras el gobierno mexicano simulaba entrar en un diálogo con los mayas zapatistas, los militares desplegaban la fracasada estrategia de aniquilamiento que Zedillo ordenó el 9 de febrero de 1995.
Al compañero Samuel Ruiz

Los Otros Estados Unidos: represión, marginación y resistencias de base en EEUU

Alejandro Reyes - Radio Zapatista (www.radiozapatista.org)

En Estados Unidos se vive un momento histórico muy particular. Por un lado, la guerra en Irak se ha transformado en un caos genocida al cual no se le ve fin. Escándalos de corrupción resquebrajaron la confianza en el gobierno y el sistema. El mercado inmobiliario sufrió una caída estrepitosa que forzó a mucha gente a perder sus casas y llevó a muchos más a la bancarrota, anunciando el inicio de la peor crisis financiera desde la década de 1920 y un resquebrajamiento del sistema capitalista global. Al mismo tiempo, casi siete años de una política de “seguridad nacional” llevaron a una alarmante pérdida de las garantías individuales y a la institucionalización de la tortura. La crisis y el miedo llevaron a una postura antiinmigrante cada vez más virulenta y a una militarización de la frontera sin precedentes. En este contexto, la elección de Barak Obama como el nuevo presidente demócrata de los Estados Unidos fue recibida con escepticismo por mucha gente cuya realidad permanece prácticamente invisible, a pesar de que sin duda han sido los más afectados: los pobres y la “gente de color”, minorías raciales que, en muchos casos, no son minoría.
La vida en los barrios más pobres de Estados Unidos es sumamente difícil y tiende a empeorar. Es el caso del barrio Sur Central de Los Ángeles, con una población hoy mayoritariamente latina. Fue ahí que, en 1992, surgió una de las rebeliones más importantes de los Estados Unidos, cuando los policías que golpearon al taxista negro Rodney King fueron absueltos por un jurado blanco en su casi totalidad. La rebelión fue la respuesta de la población desesperada ante la violencia policial, pero también ante una situación que en el momento parecía insostenible y que hoy sólo ha empeorado: altos niveles de desempleo, un patrón de salarios cada vez más bajos, sobrepoblación, escasez de vivienda y rentas muy caras, segregación racial, pandillerismo, drogadicción, un sistema educativo desastroso, pésimos servicios de salud, altos índices de obesidad y desnutrición debido a la falta de alimentos saludables.
Pero fue justamente en este barrio que, durante más de 14 años, floreció la granja urbana más importante de Estados Unidos: casi seis hectáreas cultivadas por más de 300 familias pobres, en su mayoría de origen latino. La Granja Sur Central constituía no sólo una alternativa de independencia económica, sino una fuente de alimentación de alta calidad a bajos precios. Además, los campesinos preservaban antiguas tradiciones de cultivo, conocimientos de medicina natural y semillas ancestrales. La granja era un lugar de convivencia lejos de la violencia, las drogas, las pandillas y el racismo, un refugio donde los niños podían jugar sin miedo, donde se realizaban fiestas y ceremonias tradicionales. Muchos de los campesinos eran adherentes a la Otra Campaña.
Pero una compleja trama de intereses políticos y económicos resultó en la destrucción de la granja, en junio de 2006, por el gobierno del alcalde latino y demócrata Antonio Villaraigosa, a pesar de la formación de un amplio movimiento social. Las soluciones orgánicas a los problemas de salud, alimentación, educación, drogadicción y criminalidad poco interesaron a los políticos y empresarios deseosos de lucrar con ese terreno cuando un nuevo corredor ferroviario aumentó los precios inmobiliarios. Hoy un pequeño grupo de campesinos sigue organizándose y preservando el sueño de la granja en tierras fuera de la ciudad.
La granja fue destruida con la intención de construir una bodega para la empresa textil Forever 21. Esta es una de las empresas combatidas por el Centro de Trabajadores y Trabajadoras de la Costura, quienes la acusan de violar los derechos laborales de sus empleados, en su mayoría inmigrantes. Esta organización, que funciona como un sindicato autónomo y horizontal, opera en el centro de Los Ángeles, en el corazón de la pujante industria textil. Aunque es bien conocida la industria maquiladora mundial, que se desplaza de país en país en busca de menores precios de mano de obra, poco se discute la industria maquiladora interna, que se aprovecha de la precariedad de la mano de obra inmigrante (miedo, desconocimiento de las leyes, dificultad con el idioma, persecución por no tener papeles, amenazas y abusos constantes) para reducir costos sin tener que desplazar la producción a otros países. El Centro de Trabajadores y Trabajadoras de la Costura se organiza para combatir estas prácticas, en el contexto de una creciente criminalización y hostilidad hacia la inmigración.
En los últimos años ha habido un recrudecimiento severo de legislaciones antiinmigrantes. Esto ha resultado en la expulsión de alrededor de un millón de inmigrantes en los últimos tres años -con un promedio de deportaciones tres veces mayor que hace una década. Al mismo tiempo, ha provocado una precarización de las condiciones de vida de los migrantes, facilitando la explotación. Pero los números no logran dar cuenta de la realidad cotidiana de millones de personas que ahora viven bajo constante terror. Abundan las historias de los niños dejados atrás cuando la migra (autoridades migratorias) se lleva a sus padres. Las historias de las familias aterrorizadas cuando agentes entran a sus casas pateando puertas, amenazando con armas y llevándose esposadas a personas cuyo único crimen es trabajar. Las historias del terror de perder todos los bienes y encontrarse deportada en alguna ciudad de la frontera sin un centavo. Las historias de los meses o años de detención, las inyecciones forzadas de fármacos antipsicóticos peligrosos, en violación a legislaciones de derechos humanos internacionales, los procesos legales manipulados, los maltratos y humillaciones por las autoridades migratorias. Y abundan, también, las historias de los cientos de personas que mueren cada año tratando de cruzar una frontera cada vez más militarizada.
En este contexto, organizaciones como la muy zapatista Tierra y Libertad, en Tucson, Arizona, se organizan desde abajo para resistir. Se trata de combatir circunstancias específicas, como las redadas de la migra que mantienen a las comunidades en un estado de terror, pero sobre todo de crear una conciencia colectiva a través de la educación y la participación organizativa. Por eso, a la campaña de información sobre derechos se le añaden proyectos de autosustentabilidad comunitaria, de arte rebelde (RebelArte) y de educación colectiva. Se trata de alternativas autónomas, desde abajo, por parte de comunidades que ya no creen en soluciones provenientes del gobierno o los partidos políticos y que deciden tomar las riendas de sus vidas en sus propias manos.
Otra organización interesante en ese sentido es el Kilombo Intergaláctico, en Durham, Carolina del Norte. El Kilombo es un centro social en el que "comunidades de color", migrantes, trabajadores y estudiantes buscan soluciones para los problemas de su vida cotidiana y al mismo tiempo se vinculan a movimientos anticapitalistas del mundo. El Kilombo está inspirado en la lucha zapatista pero también en los piqueteros argentinos, en los Panteras Negras y los Young Lords estadounidenses y en los palenques o quilombos de la América colonial (comunidades en resistencia de esclavos cimarrones, indígenas y mestizos). Al estilo zapatista, sus ejes de organización y de lucha son la asamblea, el encuentro, la autonomía, el territorio, el conocimiento y la palabra. El Centro tiene programas educativos (clases de inglés, español, alfabetización, computación, talleres de lectura) y deportivos, biblioteca, talleres sobre derechos, un proyecto de radio, huerta comunitaria, clínica de salud, un proyecto de vivienda de bajo costo y una editorial independiente.
Uno de los problemas más graves que afectan a las comunidades pobres y "de color" es lo que en inglés se llama gentrification: la elitización de los barrios en aras del "progreso", la especulación inmobiliaria y los intereses comerciales. Se trata de un proceso en el que participan inversionistas particulares, empresas multinacionales y políticos locales, estatales y federales, y que resulta en el desplazamiento sistemático de poblaciones pobres, alejándolas de sus fuentes de ingresos y destruyendo el tejido comunitario. Es el caso, entre muchos, del Segundo Barrio en El Paso, Texas, que el Plan Paso del Norte pretende destruir para construir un gran centro comercial. Como explican los organizadores de la resistencia (miembros de la Otra Campaña), el Segundo Barrio es no sólo el barrio más antiguo de El Paso, sino una comunidad viva, mayoritariamente de origen mexicano -un verdadero sistema de sobrevivencia que le permite a esa población excluida resistir con su cultura, su lenguaje y su condición económica.
En Nueva York, El Barrio, en el Este de Harlem, sufre el mismo problema. Uno de los principales agresores actuales es la empresa Dawnay, Day Group, basada en Londres, que en 2007 compró 47 edificios y que intenta desalojar a sus inquilinos para desarrollos de lujo. Pero el problema empezó mucho antes, y en diciembre de 2004 residentes de cinco edificios amenazados se organizaron y formaron el Movimiento Por Justicia en El Barrio, que por medio de campañas mediáticas, demandas legales, manifestaciones y acciones directas luchan contra el desplazamiento. Con la publicación de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, el Movimiento por Justicia en El Barrio decidió unirse a la Otra Campaña y adoptar formas de lucha zapatistas. En 2006 realizó La Consulta del Barrio, un largo proceso en el que los miembros de la comunidad decidieron sus prioridades y estrategias de lucha. En octubre de 2007, realizaron el primer Encuentro de Nueva York por la Humanidad y contra el Desalojo Neoliberal, en el que participaron organizaciones de toda la ciudad que luchan contra gentrification. En marzo de 2008, el Movimiento lanzó una Campaña Internacional en Defensa de El Barrio, con la intención no sólo de fortalecer la resistencia sino de motivar la vinculación de esfuerzos en otras partes del mundo.
Otra constante en las comunidades de color es el abuso y la violencia policiales. Este pasado 1 de enero, el joven negro Oscar Grant fue detenido por un grupo de policías (blancos) en Oakland, California, en una estación del metro (Bart). Mientras sus amigos y un número de personas protestaban desesperadas, los policías lo tumbaron al suelo boca abajo. Uno de ellos lo inmovilizó con la rodilla en el cuello mientras otro sacaba la pistola y le disparaba por la espalda, asesinándolo. El incidente se volvió público al ser presenciado por muchos testigos y grabado en dos teléfonos celulares, resultando en violentas manifestaciones. Pero la brutalidad y el racismo de las fuerzas policiales contra las comunidades de color en todo el país es la norma. Como respuesta, organizaciones llamadas CopWatch (vigilantes de la policía) han surgido en muchas ciudades. Sus miembros patrullan las calles con cámaras de video, alertan a los residentes de retenes y redadas y organizan formas de defensa comunitaria. En Los Ángeles, CopWatch L.A., con inspiración zapatista y de otros movimientos autonomistas, es parte de un proyecto más amplio de autonomía comunitaria llamado Comunidades Autónomas Revolucionarias, que incluye granjas comunitarias, guarderías y otros proyectos.
La violencia policial está acompañada de formas jurídicas de criminalización de la juventud. Por ejemplo, las leyes antipandillas prohíben que los miembros de ciertas pandillas se reúnan en determinadas áreas geográficas. Pero la determinación de quién es parte de una pandilla se hace de manera muy arbitraria, de manera que jóvenes, pertenecientes o no, se vuelven criminales por el simple hecho de platicar con amigos en público, andar en bicicleta, usar ropa de ciertos colores o hablar por teléfono celular. Las historias de arbitrariedades abundan. En Nueva York, un joven de 16 años lleva ya varias estancias en la cárcel: por pasar de un carro a otro en el metro, por no registrarse al entrar a un complejo habitacional.
Estos son los jóvenes que supuestamente tienen derechos. Pero los migrantes indocumentados ni si quiera aspiran a tanto. La inmigración "ilegal" se ha criminalizado en los últimos años, de manera que hoy el "delito" resulta no sólo en la deportación, sino en la detención por períodos que pueden durar años. En septiembre de 2008 se realizó la mayor redada de la historia estadounidense en Postville, Iowa. Trescientas personas fueron arrestadas, acusadas no sólo de inmigración ilegal, sino de robo de identidad, un cargo con penas muy severas. La acusación no hubiera resistido el escrutinio en un tribunal, pero las presiones y amenazas, el miedo, el desconocimiento de las leyes y la ausencia de abogados hicieron que la mayoría de los detenidos se declararan culpables a cambio de sentencias supuestamente más cortas de hasta dos años de prisión.
¿Pero, por qué esa criminalización? Parte de la respuesta se encuentra en las políticas de "seguridad nacional". El antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) es ahora parte del Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security) bajo las siglas ICE (Immigration and Customs Enforcement). Desde que ICE es parte de Homeland Security, su presupuesto aumentó a 5 mil millones de dólares anuales, asumiendo funciones de "lucha contra actividades terroristas y criminales". Es evidente que el reducido número de detenciones anuales de "terroristas y criminales transnacionales" difícilmente podría justificar un presupuesto de ese tamaño. La respuesta, por lo tanto, es presentar a trabajadores migrantes como criminales capaces de amenazar la seguridad nacional.
Pero un factor quizás más importante es la privatización de las prisiones, en lo que se ha venido a llamar el "complejo industrial carcelario", una industria billonaria que obviamente necesita "clientes". Los Estados Unidos tiene el mayor porcentaje per cápita de presos del mundo. La privatización de las prisiones no sólo resulta en lucros directos por medio de fondos del Estado. Mucho más lucrativo resulta el trabajo esclavo de los prisioneros, permitido en la 13ª Enmienda Constitucional. Los presos, que para el capitalismo estadounidense son "excedentes sociales", representan una formidable fuente de mano de obra. Hoy, numerosas empresas utilizan el trabajo de prisioneros que reciben aproximadamente 25 centavos de dólar por hora.
Lo que se percibe en todo esto es un complejo mecanismo de aprovechamiento de millones de personas que ya no caben en el sistema. En este contexto, las luchas autonomistas juegan un papel fundamental. Para muchos, el sistema es tan complejo y perverso que no hay manera de cambiarlo desde arriba. Las reformas de la administración de Barak Obama, por más saludables que sean comparadas a los horrores del gobierno anterior, serán incapaces de reestructurar el sistema en sus bases. Para las comunidades de mero abajo, la única alternativa viable es la organización comunitaria autónoma y la vinculación con otras luchas en el país y en el mundo.
(*)NOTA: El autor es escritor y periodista alternativo, miembro del colectivo Radio Zapatista y doctorando en literatura latinoamericana.

La Policía Comunitaria de Guerrero: el México olvidado se hace presente

por Alejandro Reyes - Radio Zapatista (www.radiozapatista.org)


En un amplio patio de un pueblo en la sierra de Guerrero, rodeado de montañas y bosques, cientos de campesinos forman filas con sus armas en alto. Hay entre ellos muchos jóvenes y no pocos viejos. Sus armas con muy sencillas, su equipo, precario, pero su mirada es firme y llena de dignidad. Se trata de la Policía Comunitaria, uno de los proyectos de autonomía indígena más importantes de México, que el 14 y 15 de octubre celebran su 13er aniversario en esta comunidad de Tilapa, municipio de Malinaltepec, acompañados de comisarios y representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y algunas decenas de visitantes: activistas, investigadores, miembros de medios alternativos y de organizaciones solidarias.

A 13 años de su fundación, la Policía Comunitaria, que junto con el sistema de justicia representado por la CRAC es una de las más importantes experiencias de autonomía indígena de México, tiene razones de sobra para celebrar. La inseguridad y la violencia que en los 80s y 90s asolaban a la región hoy están bajo control. Pero, sobre todo, hay una conciencia de que las comunidades pueden resolver sus propios problemas sin tener que esperar que las respuestas vengan de fuera.

La sierra de Guerrero es una región con una larga historia de rebeldía. Esta es la tierra de los movimientos guerrilleros de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas y de una larga tradición de organización indígena y campesina. Es, también, tierra de una de las más brutales campañas de represión del México moderno. La violencia contrainsurgente desatada en la década de 70 provocó una profunda inestabilidad social que dio origen a una situación descontrolada de inseguridad: abigeato, asaltos, violaciones sexuales, asesinatos. Ante la violencia, la desesperación de los habitantes se topaba con la indiferencia de las autoridades, cuando no su complicidad con los delincuentes.

Fue como respuesta a esta situación que, el 15 de octubre de 1995, las comunidades decidieron crear la Policía Comunitaria, formada por voluntarios que sirven a los pueblos sin recibir ninguna remuneración. Hoy, son más de 800 policías de 73 comunidades y la delincuencia ha disminuido en más del 90 por ciento. El padre Mario Hernández Campos, que participó en la experiencia desde sus inicios, cuenta cómo fue el proceso:

“Ante ese clima de violencia e inseguridad en el que vivíamos, el pueblo respondió asumiendo un papel que hasta entonces no había asumido: el ser sujetos. El tomar conciencia de que la solución no viene de fuera. Pero para eso se tuvo que hacer mucho trabajo, muchas asambleas en muchas comunidades. Cuántos de ustedes participaron en los brigadeos, visitando pueblo por pueblo. En esas reuniones que se terminaban a las 3, 4 de la mañana… Cuántas señoras haciendo las tortillas, cociendo los frijolitos, los señores que acarreaban la leña, la cooperación de los vecinos. Así fuimos aprendiendo que somos sujetos y que somos los responsables por las soluciones que buscamos.”

Esta conciencia también fue la causa de que la Policía Comunitaria no se pensara de forma aislada, sino como parte de un proyecto mucho más amplio para resolver los problemas más urgentes de los pueblos: las vías de comunicación, la educación, la justicia. De estos esfuerzos han resultado importantes victorias. La exigencia de los pueblos resultó en la construcción, aunque deficiente, de la carretera Tlapa-Marquelia hace cuatro años (los letreros que pregonan las bondades del gobierno que “sí cumple” están intactos; la carretera está destruida). Muy significativamente, el 12 de octubre del año pasado se inauguró la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur (Unisur), una universidad autónoma cuyo objetivo es la formación de intelectuales arraigados en sus comunidades, y que hoy cuenta con cuatro unidades académicas: Santa Cruz del Rincón, Cuajinicuilapa, Xochistlahuaca y Xalitla. Y durante el evento en Tilapa este 15 de octubre se bautizó formalmente la radio comunitaria “La voz de los pueblos”, que desde hace dos meses está transmitiendo desde la comunidad de Espino Blanco.

Durante los primeros años de su existencia, la Policía Comunitaria detenía a los delincuentes y los entregaba a las autoridades. Pero cuenta Cirino Plácido, uno de los fundadores, que la corrupción de las instituciones oficiales hacía que en pocos días los detenidos estuvieran nuevamente libres. “La inseguridad es un gran negocio para el Estado”, afirma. “El policía quiere dinero, el abogado quiere dinero, el juez quiere dinero.” Esta realidad llevó a la decisión de fundar, en 1998, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, que es el órgano encargado de la procuración de justicia. Es la Coordinadora Regional quien se encarga de recibir las quejas, analizar las denuncias, expedir las órdenes de aprehensión y presentar a los detenidos a la asamblea comunitaria, donde, de acuerdo a los usos y costumbres, es el pueblo quien determina el castigo.

Los delitos no se pagan en forma de multa o cárcel, sino de lo que ellos llaman la reeducación. Ésta consiste en trabajos comunitarios, como pavimentación de calles, construcción de infraestructura o cualquier otra cosa en beneficio de la comunidad. Muy importantes en ese proceso de reeducación son las pláticas por parte del consejo de ancianos, reunidos regularmente por el comisario, que ayudan al detenido en el camino de la concientización. Así como la sentencia, la liberación se realiza ante la asamblea comunitaria, donde ésta se compromete a no tratar al detenido como un delincuente sino como un miembro de la comunidad en proceso de reeducación. O sea, la justicia se entiende como algo que involucra directamente a todos los miembros de la comunidad.

Ante esta experiencia de autonomía comunitaria la respuesta del gobierno ha sido la confrontación y la criminalización. Más de 40 autoridades y policías comunitarios tienen hoy órdenes de aprensión por los supuestos delitos de privación ilegal de la libertad, usurpación de funciones y abuso de autoridad. Paradójicamente, lo que más molesta al gobierno no es el hecho de que exista un cuerpo armado al margen de las instituciones oficiales, sino la impartición de justicia de acuerdo a los usos y costumbres. Esta oposición demuestra el desencuentro entre la “legalidad” de un sistema que para las comunidades no es legítimo, no sólo debido a la corrupción sino porque no refleja la realidad de los pueblos, y la legitimidad de una experiencia autónoma que no cabe en las leyes impuestas por ese sistema.

Para el antropólogo Guillermo Bonfil Batalla, México no es uno solo, sino dos: los que el llama el “México imaginario” (basado en la cultura occidental) y el “México profundo” (basado en la cultura indígena). Algo muy similar afirma Cirino Plácido: “Dicen que hay un solo México pero no es cierto. Está el México de allá, pero es nomás venir aquí que se encuentra otro México, el México olvidado.”

Entre los murales de Diego Rivera que cubren los muros del Palacio Nacional en la ciudad de México, hay uno frente al cual se detienen todos los visitantes. En él encontramos la imagen de una mujer indígena (con rostro de Frida Kahlo) cargando en su espalda a un bebé moreno de ojos azules. “El primer mexicano”, dice el guía de turistas. O sea, el producto del encuentro entre la civilización occidental y la indígena. Un encuentro sin duda terrible, pero que supuestamente engendró la gran Raza de Bronce, la nación mestiza por tanto tiempo negada y que la Revolución logró liberar de las ataduras de la historia, al enaltecer el glorioso pasado prehispánico como parte constitutiva de lo que hoy somos: un México unido, homogéneo, mestizo. Pero, en esta visión ¿dónde quedan los pueblos indios?

En una pequeña fonda en el camino de regreso de la sierra guerrerense rumbo al DF, en plena mixteca poblana, se escucha un cuento dramatizado en el radio: Una estudiante de antropología estadounidense viaja a Chiapas para estudiar a los indios tzotziles. Sus costumbres y sus condiciones de vida la horrorizan, y el radioescucha no puede más que concordar: supersticiones, pobreza, falta de higiene, primitivismo. Pero cuando ella decide nombrar su tesis “La condición salvaje de los indios de México”, el nacionalismo mexicano levanta la cabeza indignado: ¿qué se cree esa gringa racista? Una indignación difícil de conciliar con la conclusión previa de que sí, ni modo, los indios son primitivos. Afortunadamente, un sencillo médico mestizo, que viaja de pueblo en pueblo, llega para salvarnos del dilema. Cando el doctor humildemente cuestiona el título de la tesis, la estudiante le dice: “¡Pero los indios viven al margen de la civilización!” El médico entonces responde: “Sí, es cierto, pero eso no es culpa suya. Es culpa nuestra, de todos nosotros.” Moral de la historia: los pueblos indios de hoy no son más que un remanente desafortunado de un pasado destruido, y es deber y obligación del México mestizo civilizarlos para integrarlos a la nación.

Bonfil Batalla propone que no, que la cosa no va por ahí. Que de lo que se trata es de dos civilizaciones desencontradas (la occidental y la indígena), y que la historia de México no es sino la historia de ese desencuentro: de los intentos, por parte de la civilización vencedora, de negar y destruir a la civilización vencida, y de los mecanismos de resistencia que ésta última ha sabido usar para sobrevivir más de quinientos años. La ideología detrás de la nación mestiza representada por ese “primer mexicano” del mural de Diego Rivera no es más que un nuevo intento de genocidio hacia los pueblos indios, del cual éstos se defienden con el arsenal milenario de su civilización.

El desencuentro entre las dos civilizaciones y la imposición violenta de una sobre la otra es evidente en la experiencia de la Policía Comunitaria de Guerrero. En sus 13 años de vida, ésta ha logrado lo que el Estado no ha podido hacer en ninguna parte del país: controlar la inseguridad en una región particularmente violenta. Una de las mesas de trabajo en Tilapa se enfocó en la situación nacional de seguridad y justicia. En ella se hizo un balance de la coyuntura actual: una explosión sin precedentes de la inseguridad y la violencia, militarización del país, sistemas policial y de justicia con una severa crisis de legitimidad, una política del miedo vehiculada por los medios de comunicación y la criminalización los movimientos sociales. El Estado no sólo ha fracasado rotundamente en el combate a la inseguridad, sino que cada día quedan más evidentes sus vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado. Siendo así, resulta lo mínimo paradójico que el Estado, en vez de coordinar esfuerzos con esta organización exitosa y promover su extensión en otras partes del país, insista en criminalizarla.

Como las comunidades rebeldes zapatistas, la experiencia de la Policía Comunitaria es una evidencia clara de que ese otro México, el México profundo, olvidado, ignorado, es una fuente viva de alternativas capaces de enfrentar los problemas que más afectan a la sociedad. Y si el México del poder, siguiendo su tradición centenar de negar esa otra realidad, continúa rehusándose a reconocer su vitalidad y vigencia, la Policía Comunitaria continuará siendo una inspiración para todos los de abajo, de México y del mundo, y prueba de que sí es posible crear alternativas al margen del sistema, aprendiendo de esos pueblos que llevan cinco siglos resistiendo.

Los presos políticos de Atenco: la persistencia de la resistencia

por Alejandro Reyes – Radio Zapatista

Cuando a los padres de Oscar Hernández Pacheco les dijeron que su hijo estaría libre a finales de agosto o inicio de septiembre, no cabían de felicidad. En el penal de Molino de Flores, don Paco y otros parientes de presos políticos que, desde la violenta represión policial en San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006, enfrentaban la incertidumbre, el miedo y la indignación, ese día celebraban la noticia. “Ya ve, don Paco,” decía el padre de otro joven preso, procedente del poblado de Texcoco, “los muchachos ya pronto van a estar libres, nomás hay que echarle un poquito más de ganas”. “Pues se las festejamos allá en el pueblo”, contestó don Paco.

Pero días después, el 21 de agosto de este año, les dieron la nefanda noticia: su hijo, como los demás presos políticos recluidos en el penal de Molino de Flores, fueron sentenciados a 31 años y 10 meses de prisión bajo la acusación de secuestro equiparado, mientras a Ignacio del Valle le añadían 45 años a los 67 a los que ya había sido previamente condenado.

Cuando doña Francisca supo de la sentencia, estuvo a punto de ser hospitalizada. A los 63 años, tanto ella como su marido sufren de diabetes, condición que se ha agravado durante estos dos años de sufrimiento. “Mis hijos no querían que fuera al penal porque tenían miedo de que me pusiera mal, pero yo fui de todos modos. Estaba más tranquila, pero cuando llegué, sentí que yo ya no era yo. Me sentí muy mal. Al otro día fui al seguro y la doctora me dijo que me tenía que tranquilizar, porque si no me iban a tener que internar. ¿Pero cómo? Él tiene 30 años. Con otros 30, va a tener 60. ¿Cómo es posible que le hagan eso? Y sus hijos tan chiquitos… la niña tiene ocho años, el niño unos tres.”

Como la mayoría de los presos sentenciados, su hijo no participó en los enfrentamientos del 3 de mayo y no formaba siquiera parte del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), organización que, en 2006, defendía a los floricultores de Texcoco de ser desalojados de su local de trabajo.

En el auditorio municipal de San Salvador Atenco, a un lado de la plaza central, un pequeño grupo de familiares de los presos políticos relatan lo que han vivido estos dos últimos años y su indignación con las sentencias del 21 de agosto, mientras continúan los preparativos para la celebración del día de la Independencia, el 15 de septiembre de 2008, organizada por el FPDT. Continúa doña Francisca:

“El día que lo agarraron él iba a ver a un familiar que estaba muy enfermo. Lo detuvieron en la carretera. Le pegaron, le abrieron la cabeza, la cara. Tenemos una foto donde lo están golpeando, y un policía tiene una mitad de tabicón para pegarle en la cabeza. Yo no sabía, porque ese día él pasó a la casa. Estábamos desayunando pozole, su platillo favorito, y me dijo que iba a recoger a la niña y que más tarde regresaba para echarse un taco. Cuando empezaron a entrar los granaderos, nos encerramos. Como a las tres de la tarde mis hijos ya sabían que lo habían agarrado, pero no me dijeron para que no me pusiera mal. Pero entonces lo vi en las noticias, y fue así que me enteré.”

Algo similar sucedió con Julio César Espinoza Ramos, hijo de Maribel Ramos Rojas. En la época Julio César tenía 18 años y no había siquiera oído hablar del FDPT. Jugaba futbol, se dedicaba al comercio en el poblado de San Pablito Chiconcuac y le ayudaba a su abuela a cuidar el ganado. El 3 de mayo de 2006, Julio César conducía su motoneta por la carretera que pasa al lado de San Salvador Atenco. A la altura de la gasolinera de Tocuila, fue detenido en un retén de la policía federal. Ahí lo golpearon salvajemente, antes de trasladarlo a la procuraduría y, acto seguido, al penal de Santiaguito en Almoloya, Toluca.

Julio César no logra entender por qué le ha sucedido todo esto. ¿Por qué lo condenan a tantos años de cárcel, si él no hizo nada? ¿Por qué esa sentencia, mientras los verdaderos secuestradores, los que mutilan, matan, violan, están en la calle? “Él tenía tantas ilusiones”, dice su madre, “y ahora sus ilusiones se ven truncadas y todos esos sueños se quedan detrás de esos muros de la prisión.”

Juan de Dios Hernández, el abogado del FDPT que defiende la causa de los presos políticos, afirma que la sentencia se hizo sin que existieran pruebas plenas de responsabilidad de los acusados, en un proceso lleno de irregularidades y contradicciones. Inclusive, uno de los familiares atestigua que, al cuestionar al juez sobre la dureza de las sentencias, éste le respondió que él no tenía pleno mando y que la decisión venía de más arriba.

La motivación política de estas sentencias queda evidente en el hecho de que éstas fueron emitidas el mismo día en que se celebraba la muy divulgada reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública en el Palacio Nacional, en la que se discutió uno de los temas que más preocupan actualmente a la sociedad: la inseguridad que se vive en el país. Ahí se llegó al Acuerdo Nacional de Seguridad, mediante el cual se fortalecerán las instituciones policiales y de procuración de justicia, enfocándose en el secuestro, lavado de dinero y crimen organizado. Entre otras reformas legales, está la propuesta de una ley general del secuestro. Las sentencias contra los presos políticos de Atenco, justamente por el supuesto delito de secuestro, deben ser leídas como una señal de alarma para la sociedad mexicana pues criminalizan la disidencia y la defensa de los derechos, equiparando el activismo político al crimen organizado. “Estamos indignados”, dice Trinidad Ramírez Velázquez, esposa de Ignacio del Valle. “Cómo es posible que se atrevan a comparar a alguien que defiende la tierra y sus derechos con alguien que secuestra, asesina, mutila, viola y demás.” Una de las propuestas de Felipe Calderón ha sido aplicar la pena de cadena perpetua a los secuestradores. La pena de 112 años para Ignacio del Valle equivale, efectivamente, a cadena perpetua.

Cabe resaltar que, con relación a la inseguridad, a la ola de secuestros que cada vez más son tema de primera plana y a la narcoviolencia que asola el país, la corrupción y la impunidad son dos de los principales responsables. En prácticamente todas las bandas de secuestradores conocidas están involucrados agentes o ex agentes justamente de las fuerzas de seguridad pública que en teoría serían responsables por combatirlas.

Al mismo tiempo, mientras los presos políticos son sentenciados con penas absurdas, los responsables por las gritantes violaciones de derechos humanos cometidas en San Salvador Atenco han gozado de completa impunidad. Los acontecimientos del 3 y 4 de mayo de 2006 representan uno de los momentos más oscuros de represión y violencia estatal en la historia del México moderno: homicidios, agresiones sexuales multitudinarias a mujeres y hombres, allanamiento de moradas, destrucción de propiedad, golpizas, torturas, humillaciones. La barbarie cometida en Atenco no se trató de la actuación descontrolada de fuerzas policiales mal preparadas, sino de una violencia de estado premeditada para infundir el terror en la población y sentar un precedente que sirviera de ejemplo para otros movimientos sociales. Las condenas del 21 de agosto son un ingrediente más de esta política de terror.

Es difícil describir el sufrimiento de las familias. “Soy madre soltera”, dice Maribel Rojas. “Él es todo lo que tengo y yo soy todo lo que él tiene. Me ha afectado mucho en el trabajo porque he tenido muchas ausencias y me puede costar el empleo, pero no puedo dejarlo solo. También me ha afectado en mi salud porque soy diabética y he estado hospitalizada muchas veces. Y desde luego económicamente, me ha sido muy difícil. Hay que llevarle alimentos, hay muchos gastos, y si no trabajamos, no hay de dónde, sobre todo siendo una persona sola. A mí me duele muchísimo verlo allá. El día que me habló por teléfono después de la sentencia, parecía ser muy fuerte para que yo no me cayera. Pero el día que lo visité era otra persona, totalmente quebrantada.”

Doña Francisca no puede controlar las lágrimas cuando habla de su hijo. “Me siento muy mal cuando no puedo ir a verlo, pero a mí me hace mucho daño ir al penal. Desde que estaba en Toluca, lo iba a ver. Y me siento mal cuando veo a mi hijo así. Por eso él me dice: No vengas, mamá, porque me pongo muy triste cuando te veo llorar. Y lloramos los dos. Pero Dios quiera lo voy a ir a ver y me voy a tranquilizar y no voy a llorar.”

Para don Paco la prisión de su hijo también ha sido devastadora. Él es campesino, planta maíz allá mismo, en Atenco. “Estos dos años han sido muy pesados. En este tiempo hay veces que no puedo verlo, porque tengo que trabajar. No hay dinero. Se le tiene que dejar dinero, comida, y hacemos el esfuerzo para ir y llevarle su encargo. Y ahí son 500, 600 pesos que se gastan nomás en un día. Imagínese, y luego sin dinero. Y nosotros nos estamos tronando los dedos porque yo no puedo trabajo así, en forma.” Doña Francisca explica: don Paco también está enfermo, frecuentemente cae en cama y pasa una o dos semanas sin poder trabajar.

Para Trinidad Ramírez, estos dos años han sido un verdadero calvario. Su hijo César estuvo preso casi dos años. Su hija América se encuentra prófuga. Y su marido Ignacio enfrenta una pena de 112 años en el penal de máxima seguridad de Almoloya. Sin embargo, se le ve fuerte, firme, decidida. “Pienso en ellos”, explica. “En Nacho en la cárcel, siempre tan positivo. Tengo miedo de deprimirme, de caerme y no poderme levantar para seguir luchando. El amor puede tantas cosas.” Cuenta que, a pesar de la sentencia, Ignacio está en pie. “Tiene mucha seguridad en lo que cree, en sus ideales, en su lucha. Por eso cuando digo que Nacho está bien no es que esté bien allá, porque las condiciones en el penal son muy duras, sino porque cree en sus ideales.”

Pero la represión y sobre todo las sentencias, cuya intención es amedrentar y silenciar, tuvieron también otro efecto. Maribel Ramos no sabía del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, nunca había participado en ninguna lucha, nunca había expresado su indignación ante las injusticias que percibe.

“Mi visión ha cambiado mucho”, dice Maribel, “porque antes éramos personas tímidas al expresar lo que está pasando en el país, la represión que sufrimos. Porque es realmente una represión lo que está haciendo el gobierno. Quieren ponernos como un ejemplo y decirle a la gente: si ustedes se rebelan, vean lo que les puede pasar, pueden correr la misma suerte que estas personas. Pero esto, en lugar de intimidarme, me ha hecho más fuerte y creo que es importante expresar mi indignación como madre, defender a mi hijo, porque es una persona totalmente inocente, y denunciar toda la injusticia que estamos viviendo. Es hora de levantar la voz. Si dijeron, ‘Se van a estar quietos’, pues creo que no. No. Tenemos que hacer frente y denunciar y decir lo que está pasando.”

Doña Francisca y don Paco, como otros parientes de presos políticos que nunca habían participado en alguna lucha, también se han acercado al FPDT, uniendo fuerzas para, juntos, exigir su liberación.

Para Trinidad Ramírez, “no hay mal que por bien no venga”. Las sentencias despertaron la indignación y dieron un nuevo impulso a la lucha por la liberación de los presos políticos de Atenco, en México y en el mundo. Este 15 de septiembre, el FPDT organizó en la explanada de San Salvador Atenco un “Grito por la libertad”, y para el 23 de septiembre está planeada una marcha del Ángel a Los Pinos en la ciudad de México. Al mismo tiempo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional anunció que se reforzaría el plantón frente al penal de Molino de Flores, convirtiéndolo en un espacio de encuentro de la Otra Campaña, y convocó a la renovación de la campaña nacional e internacional por la liberación de los presos políticos.

Hay, para muchos, una conciencia de que exigir la liberación de los presos de Atenco es una necesidad urgente porque lo que está en juego, además de las vidas de hombres inocentes, es el derecho a la resistencia y a la defensa de los derechos fundamentales. Es, en suma, una lucha por un México con justicia, democracia y libertad.

Autonomía y nacionalismo Zapatista

por Alejandro Reyes

Un grupo de hombres, mujeres y niños indígenas, algunos con paliacates rojos al cuello, se congrega a la orilla de un riachuelo. Un hombre toca la chirimía, suben nubes de incienso entre las ofrendas de flores y velas que muchos pares de manos colocan con humildad y respeto. Reflejado en el agua, el rostro sonriente de un anciano. Parece decirnos: ésta es nuestra tierra. La cámara se aleja y va apareciendo toda la escena: el verdor de la selva, el riachuelo, los indígenas congregados en festiva reverencia, las ofrendas, las flores, las velas, el incienso y, enmarcándolo todo en un cuadro simétrico, dos banderas mexicanas.

Fade out. Créditos.

Se trata de la última escena de Tierra sagrada, video producido por videastas zapatistas, en coordinación con las autoridades autónomas municipales y la Junta de Buen Gobierno. El video cuenta la historia, desde la perspectiva zapatista, de la lucha por la tierra, la explotación antes de 1994 y la construcción de territorios autónomos en tierras recuperadas de manos de finqueros y latifundistas. Pero esta última escena encierra en sí misma buena parte del discurso y de la propuesta zapatista. Por una parte, los rituales indígenas, sincréticos, representan una afirmación identitaria: somos indígenas. Y se entiende: como indígenas tenemos una cosmovisión nuestra y una relación particular a la tierra; es como indígenas que reclamamos nuestro derecho ancestral a la misma; y es como indígenas que reclamamos nuestro derecho a la autodeterminación y al autogobierno. Por otra parte, las dos grandes banderas que enmarcan la escena conllevan un mensaje evidente: somos mexicanos; nuestra lucha ni es separatista ni está circunscrita a la problemática específica indígena chiapaneca; luchamos por una nueva nación. “Vamos, vamos, vamos, vamos adelante / Para que salgamos en la lucha avante / Porque nuestra Patria grita y necesita / De todo el esfuerzo de los zapatistas”, dice el himno rebelde.

Autonomía y nacionalismo: los dos lados (para algunos críticos irreconciliables) de la misma moneda que el zapatismo propone como remedio para los dos grandes males (también en apariencia contradictorios) que, según su análisis, envenenan a la sociedad mexicana contemporánea: el Estado centralizador, autoritario y antidemocrático, por un lado, y por el otro la “nueva guerra de conquista” de la globalización, que no sólo homogeniza las particularidades locales sino que desmantela los Estados Nacionales y los reordena a servicio del mercado global.

En el contexto de los movimientos altermundistas y de las luchas antiglobalización —de los cuales el movimiento zapatista es tanto partícipe como, en muchos casos, inspirador—, así como de los nuevos movimientos radicales de las últimas décadas, sobre todo en los países del dicho Primer Mundo, el nacionalismo zapatista resulta paradójico, incomprensible y, para muchos, francamente insensato. La historia de los nacionalismos europeos conlleva una interminable lista de guerras y demás atrocidades por las cuales es difícil sentir algún indicio de nostalgia. Y sugerir que el nacionalismo, como quiera que se le defina, pueda ser un eje de lucha en los Estados Unidos, difícilmente puede dejar de causar escalofríos.

Al mismo tiempo, en México, para la derecha y no pocos sectores de la izquierda, la autonomía propuesta —y vivida cotidianamente— por el zapatismo es una forma de separatismo o, por lo menos, una aberración dentro del marco del Estado moderno que amenaza la unidad de la nación.

Son estos los temas que me gustaría explorar en estas líneas: por un lado, la propuesta nacionalista zapatista y su relación con la autonomía; por el otro, el papel de la identidad en la lucha zapatista y el desafío a los discursos hegemónicos sobre la identidad nacional y “lo mexicano”.

La Cuarta Guerra Mundial

En un artículo reciente, el filósofo esloveno Slavoj Žižek escribe: “Una de las más claras lecciones de las últimas décadas es que el capitalismo es indestructible. Marx lo comparó a un vampiro, y uno de los puntos sobresalientes de comparación parece ahora ser que los vampiros siempre vuelven a la vida después de ser apuñalados a muerte.”[1] Después del fin de la Guerra Fría, el capitalismo no sólo no ha muerto sino que ha cobrado tales dimensiones que, para muchos, se vuelve imposible imaginar alternativas. El capitalismo como sistema económico y la democracia liberal como sistema político se han naturalizado en el discurso hegemónico: ellos son el único camino para la humanidad, y todas las alternativas son utopías descabelladas o inventos perversos de los enemigos de la libertad.

Según la evaluación que hacen los zapatistas de la realidad global contemporánea,[2] el fin de la Guerra Fría desató lo que ellos —y otros movimientos altermundistas— llaman la “Cuarta Guerra Mundial”. El vacío de poder dejado por la caída del Muro de Berlín, aunado a las nuevas tecnologías y el consecuente crecimiento de las industrias transnacionales, ha resultado en una redefinición de fuerzas políticas y una “nueva guerra de conquista” para controlar territorios y recursos naturales. Pero a diferencia de las guerras anteriores, esta se da no entre estados naciones, sino entre los grandes centros financieros: una guerra de mercados. Algunas de las características de esta “nueva guerra de conquista”, según los zapatistas:

Una guerra total. Difícil resulta para el viajante estos días aventurarse a las regiones más remotas del planeta sin que allá se encuentre las huellas de los grandes capitales y la consecuente devastación, tanto física como cultural. Cada montaña, cada río, cada bosque, cada desierto y cada pueblo se vuelve un posible mercado o una fuente de recursos (materiales o humanos) explotables para nuevos mercados. Varios son los perdedores de esta guerra. Uno de ellos es el estado-nación, que pasa a un plano secundario. Por un lado, se pierden o desarticulan los mercados locales y nacionales ante el poderío de los grandes centros financieros y los capitales transnacionales. Por el otro, las políticas neoliberales dictan la sistemática reducción de las funciones de bienestar social del estado, reduciéndolo a su dimensión represiva. Escribe el Subcomandante Marcos:

En el cabaret de la globalización, tenemos el "show" del Estado sobre una "table dance" que se despoja de todo hasta quedar con su prenda mínima indispensable: la fuerza represiva. Destruida su base material, anuladas sus posibilidades de soberanía e independencia, desdibujadas sus clases políticas, los Estados Nacionales se convierten, más o menos rápido, en un mero aparato de "seguridad" de las megaempresas que el neoliberalismo va erigiendo en el desarrollo de esta IV Guerra Mundial.[3]

Privatización de todos los servicios: educación, salud, telefonía, agua, electricidad, carreteras, transporte, fondos de jubilación. Al mismo tiempo, un aumento dramático en gastos militares y policiales. En el México actual, esta fórmula no puede ser más clara. Mientras los servicios sociales se limitan más y más, el país se militariza y las fuerzas represivas actúan con creciente violencia e impunidad, con la complicidad de los medios de comunicación y la indiferencia general. En menos de dos años, un número de atropellos que en otros tiempos habrían provocado un escándalo internacional pasaron relativamente desapercibidos y completamente impunes. Según Adolfo Gilly,[4] la represión en San Salvador Atenco en mayo del 2006 sentó un nuevo precedente de represión en la historia mexicana. “Nunca, ni siquiera en el 68, se había utilizado la violación sistemática de hombres y mujeres para sembrar el terror en una población.” Ese mismo año, en nombre de la “legalidad” y del “estado de derecho”, se cometieron innumerables violaciones de derechos humanos en Oaxaca, culminando con la brutal e histórica represión del 25 de noviembre y el subsiguiente estado de terror que se instaló en ese estado. En Chiapas, las 79 bases militares instaladas en territorio zapatista han sido reforzadas en los últimos años con Fuerzas Especiales y unidades elite sin jurisdicción para operar en Chiapas. Al mismo tiempo, ha habido, desde diciembre de 2006, una escalada sin precedentes de actividades paramilitares que, a todas vistas, no sólo están financiadas por los gobiernos federal y estatal, sino que operan en coordinación con la Secretaría de Reforma Agraria, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Dirección General de Conservación para el Desarrollo, entre otras dependencias federales.[5] Como ilustra el caso actual de Chiapas, la represión militar y paramilitar viene de la mano de discursos supuestamente “concientes” propios de la democracia liberal —desarrollo sustentable, protección al medio ambiente— y de proyectos del capital multinacional —megaproyectos “ecoturísticos”, tala de madera, plantas hidroeléctricas, explotación petrolera.

Pero los grandes perdedores de esta Cuarta Guerra Mundial son los millones de seres humanos que no caben en la ecuación de este “nuevo orden mundial”. La mecanización del campo y la aplicación a nivel mundial de los esquemas de la “Revolución Verde”, además de empobrecer la alimentación en todo el mundo, dejan sin lugar a millones de campesinos que, no teniendo otra opción, migran a las ciudades o a países del dicho Primer Mundo. Pero en las ciudades tampoco hay lugar para ellos, ni lo hay —como queda en evidencia ante la reciente ola de violencia y legislación anti-inmigrantes en Estados Unidos y Europa— en los países dichos desarrollados. El resultado: millones de desplazados sin lugar en el mundo.

La estrategia del neocapitalismo, según en análisis zapatista, consiste en un proceso de destrucción y despoblamiento, seguido de reconstrucción y reordenamiento. Este análisis, cuya articulación escrita data de 1997, fue confirmado en la práctica durante la gira de la Otra Campaña en 2006. Una y otra vez, en todo el territorio nacional, la Otra Campaña escuchó las más diversas historias que, sin embargo, demostraban el mismo proceso: destrucción de los territorios y del medio ambiente (desvío de agua de poblaciones enteras para uso de grandes empresas, devastación de bosques, ríos y mares, destrucción de la agricultura, prohibición de fuentes tradicionales de supervivencia como la pesca y el corte de madera para consumo familiar); despoblamiento ante la falta de medios de subsistencia o ante el arrebato de tierras; reconstrucción en la forma de megaproyectos turísticos, plantas hidroeléctricas, aeropuertos, carreteras, campos de golf, etc.; y, finalmente, reordenamiento tanto económico—con el empobrecimiento de la gran mayoría y el enriquecimiento de una minúscula minoría— como social y cultural, con el desplazamiento de grandes poblaciones y la destrucción de formas de vida.

¿Cómo enfrentar esta nueva forma de capitalismo global que todo abarca, que todo destruye y cuyo eje no se encuentra identificable en la figura del Estado, sino en el difuso, intangible pero omnipresente poderío del capital? La respuesta zapatista consiste justamente en el ejercicio y la articulación de las autonomías, por un lado, y el fortalecimiento de lo nacional, por el otro.

La autonomía como alternativa

En “Sangre y tinta del kitsch tropical”, Roger Bartra hace un número de críticas a la autonomía indígena que, si bien provienen de un completo desconocimiento de la autonomía practicada por los pueblos zapatistas, vale la pena discutir, pues hacen eco a toda una serie de mitos y malentendidos sobre el concepto de la autonomía.

Por un lado, para Bartra, como para muchos críticos, la idea de la autonomía indígena es una “tendencia fundamentalista” (y, añade: “sacada por la izquierda del polvoriento arcón soviético”). Para estos críticos, la autonomía y la autodeterminación de acuerdo a “usos y costumbres” significarían un retorno a un pasado idealizado que, por un lado, romantiza las culturas indígenas por medio del mito (proveniente del imaginario europeo) del “buen salvaje” y, por otro lado, ofrece como solución para problemas contemporáneos la aplicación de “usos y costumbres” primitivos que poco o nada tienen que ver con la democracia representativa y que, de hecho, tienden a la violencia y al autoritarismo. Además, argumenta, el supuesto retorno a formas indígenas de autogobierno poco tiene en realidad de indígena, pues en buena medida los actuales “sistemas normativos étnicos” no son más que una “transposición (real o imaginaria) de formas coloniales de dominación”.

Bartra hace un recuento de las características que “los etnólogos han observado en diversos pueblos indígenas del México moderno y posrevolucionario”, y apunta a su probable origen colonial. Podríamos resumir las cuatro características enumeradas por Bartra como: concentración del poder en manos de un gobernador o cacique; elecciones por medio de consejos de ancianos o asambleas (que caracteriza como endebles formas democráticas); fusión de poderes civiles y religiosos; carácter extremadamente autoritario del ejercicio del poder. Concluye Bartra:

En síntesis, los sistemas normativos indígenas –o lo que queda de ellos– son formas coloniales político-religiosas de ejercicio de la autoridad, profundamente modificadas por las guerras y la represión, en las que apenas puede apreciarse la sobrevivencia de elementos prehispánicos. Estas formas de gobierno han sido profundamente infiltradas y hábilmente manipuladas por los intereses mestizos o ladinos y por la burocracia política de los gobiernos posrevolucionarios, con el fin de estabilizar la hegemonía del Estado nacional en las comunidades indígenas. Los ingredientes que podríamos calificar de democráticos son muy precarios; se reducen al plebiscito y al ejercicio de una democracia directa en asambleas, donde las mujeres y las alternativas minoritarias suelen ser excluidas o aplastadas.

Estas críticas no son exclusivas de Roger Bartra. Muchos intelectuales, inclusive de izquierda, repiten argumentos similares,[6] sin nunca haber estudiado la autonomía zapatista en la práctica (o los muchos otros ejemplos de movimientos autonomistas en el país).

Buena parte del argumento de Bartra está basado en una falacia. Cuando los pueblos indios hablan de autonomía y de usos y costumbres, no hay ninguna pretensión “fundamentalista”. Para ellos, no se trata de un retorno a alguna esencia prehispánica inmaculada por cinco siglos de historia. Ni los usos y costumbres ni las tradiciones ni la misma noción de la identidad pretenden ser estáticos, ni derivan su legitimidad de una supuesta autenticidad histórica de sus raíces precolombinas. Al contrario, su legitimidad se deriva justamente de su dinamismo, de su actualidad histórica. La especificidad que fundamenta el reclamo indígena a la autonomía proviene de una cosmovisión particular, derivada no sólo del recuerdo prehispánico sino, sobre todo, de cinco siglos de resistencia. Como menciona Bartra, los pueblos indios sin duda han sido manipulados y violentados por los intereses de las élites y por los gobiernos de todos los tiempos. Pero pensarlos como víctimas pasivas es otra forma de violencia que, mientras pretende interesarse por la explotación y marginación que han sufrido, les roba la capacidad de autodeterminación e ignora su larga historia de resistencia.

La práctica de la autonomía zapatista no sólo contradice las cuatro características que según Bartra definen las formas de gobierno indígenas; también demuestra que, lejos de pretender ser un retorno a un pasado estático e idealizado (lejos de negar la modernidad para buscar una supuesta premodernidad esencialista), busca la creación de una modernidad alternativa en el contexto del capitalismo globalizado. Nada más distante del autoritarismo vertical descrito por Bartra que la horizontalidad democrática de las juntas de buen gobierno. Nada más distante de la exclusión de mujeres en la toma de decisiones que la participación activa de mujeres en las juntas de buen gobierno, en los consejos municipales autónomos, en las filas del Ejército Zapatista y en el mismo Comité Clandestino Revolucionario Indígena del EZLN. Nada más distante de la “fusión de los poderes civiles y religiosos” que el secularismo de los gobiernos zapatistas, donde la división de dichos poderes es infinitamente más clara que en el gobierno del PAN.

Pero, sobre todo, lo que caracteriza la autonomía zapatista es su fluidez, su continua evolución. “Nosotros no tenemos las respuestas”, repiten los zapatistas una y otra vez.[7] Dos ejemplos específicos demuestran la voluntad autocrítica y el deseo de repensar, adaptar o transformar usos y costumbres para responder a necesidades prácticas y a la búsqueda de la justicia. Una es el reconocimiento por parte de los zapatistas, desde antes del levantamiento, de la injusticia y la violencia de los usos y costumbres hacia la mujer. La Ley Revolucionaria de Mujeres, promovida por comandantas del Ejército Zapatista, las prácticas de inclusión en las estructuras del gobierno autónomo, la concientización de la población a través de Radio Insurgente y de muchos otros programas e inclusive la realización del Encuentro de Mujeres Zapatistas con las Mujeres del Mundo a final de diciembre de 2007, son todos esfuerzos constantes por desafiar el peso de tradiciones opresoras.

Otro ejemplo, quizás menos visible pero no menos revelador, es el caso de la medicina tradicional. Cuando los zapatistas, en respuesta a la abismal precariedad de servicios médicos disponibles para las comunidades indígenas, decidieron construir sistemas autónomos de salud, una de las prioridades fue recuperar antiguas tradiciones en proceso de extinción (hueseros, parteras y manejo de plantas medicinales). Según los usos y costumbres, dichos conocimientos no son transmisibles a cualquier persona; el ser un médico tradicional es un don, no algo que se aprenda en una escuela. Pero los zapatistas reconocieron que esta creencia por un lado aseguraba un verdadero caciquismo de la salud y, por otro, condenaba esos conocimientos a la extinción. Así, a través de un largo proceso de convencimiento, se logró que un buen número de médicos tradicionales se prestaran a preparar promotores de salud, quienes, a su vez, enseñarían a nuevas generaciones. Así, la negación de una tradición centralizadora y caciquista permitió el resurgimiento de tradiciones que mucho han beneficiado la vida de cientos de pueblos en resistencia.

Otro aspecto de la autonomía zapatista es su continuo contacto con una multiplicidad de experiencias nacionales e internacionales que desafían sus propias nociones de tradición y los impulsan a una continua reevaluación de los usos y costumbres, sin que eso signifique un debilitamiento de la identidad indígena a través de la “infiltración” de valores y costumbres exógenos. Al contrario, justamente porque ni la identidad ni las tradiciones se entienden de forma esencialista, ese diálogo sirve para fortalecer la identidad y la conciencia como pueblos en resistencia. Al mismo tiempo, ese contacto inspira y alimenta una tan prodigiosa variedad de luchas autonomistas en todo el mundo, que difícilmente se puede hablar de fundamentalismos primitivistas, de la nostalgia del buen salvaje y demás argumentos que ni conocen los novedosos experimentos en autodeterminación indígenas en la práctica ni entienden las implicaciones de la propuesta autonomista más globalmente como respuesta a un análisis de la situación mundial.

La iniciativa lanzada con la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, publicada por el EZLN el verano del 2005, ofrece una visión del concepto de la autonomía que va mucho más allá que el de la autodeterminación indígena, pero que se inspira en los más de diez años de su construcción en territorio rebelde. Lo que la Sexta propone es la puesta en práctica, de forma articulada, de lo que ya desde los primeros años del levantamiento los zapatistas veían como el contrapunto al poder del capital globalizado: la globalización de la resistencia. A nivel nacional, la Otra Campaña es la puesta en práctica de dicha propuesta, inicialmente a partir del recorrido del Subcomandante Marcos (rebautizado para este propósito como Delegado Zero) por todo el territorio nacional, para escuchar a los más marginados y excluidos, los que no caben en la fórmula del “nuevo orden mundial”. El recorrido creó espacios de encuentro inusitados, en los cuales sectores sociales que difícilmente se habrían encontrado y mucho menos dialogado pudieron no sólo expresarse y escucharse mutuamente, sino, a partir de esos intercambios, identificar puntos de contacto y problemas comunes, para empezar a desarrollar un entendimiento de la exclusión, explotación y marginación como resultado de un sistema global que a todos los afecta por igual. Recuperar el sentido de comunidad negado por el neoliberalismo y la globalización y encontrar fuerza en la diversidad y puntos de encuentro con el Otro, para, a partir de eso, comenzar a construir una red de autonomías, son algunas de las propuestas de la Otra Campaña. Así, el concepto de la autonomía pasa a ser no sólo reivindicación de pueblos autóctonos, sino eje de lucha para resistir el capitalismo globalizado. Teniendo como enemigo no un Estado, sino un sistema mundial de explotación controlado por los grandes centros financieros, la resistencia no puede pasar a la toma del poder sin cambiar profundamente sus estructuras y, sobre todo, sin construir realidades alternativas fuera de la lógica de ese sistema global. Demostrar, en la práctica, las falacias de un discurso hegemónico naturalizado que dice que, fuera de la globalización capitalista y de la democracia liberal, no hay alternativas posibles.

El concepto de la identidad, en esta propuesta, es fundamental. “Un mundo donde quepan muchos mundos” —la utopía zapatista implica que cada uno de esos mundos se defina como tal, se entienda como tal, y encuentre, en una serie de características y visiones comunes, un sentido de unión y de comunidad. La crítica posmoderna a la noción de la identidad contiene dos ejes. Por un lado, el carácter de la identidad como construcción social, como invención; por otro, el potencial homogenizador, intolerante, fundamentalista de dichas nociones de identidad. No es novedad que, históricamente, los grupos humanos desarrollan sistemas de identificación común para responder a necesidades prácticas de supervivencia. En 1835, un movimiento de esclavos africanos musulmanes casi logró derrotar el gobierno portugués de Bahia, Brasil. Los esclavos provenían de diferentes regiones, muchas de ellas desencontradas por guerras ancestrales. Sin embargo, en Brasil desarrollaron una identidad “malê”, que les permitió organizar uno de los levantamientos más importantes de la historia de la esclavitud en ese país. Rechazaban a los negros nacidos en Brasil y a los mulatos, y se consideraban plenamente africanos. Después del levantamiento, el gobierno de Bahia mató a muchos y deportó a los más, mandando varios navíos a la costa de Lagos, actual Nigeria.[8] Allá, imposibilitados de regresar a sus tierras de origen y enfrentando la hostilidad de los habitantes del lugar, pasaron a reconocerse como “brasileños”, identidad que les permitió sobrevivir como colectividad. Son estos “brasileños” los responsables por muchas tradiciones culinarias, arquitectónicas y demás, que le dan a Lagos un carácter curiosamente americano.

Al mismo tiempo, la construcción de la identidad es no pocas veces problemática, resultado de un proceso histórico de conflicto y herramienta de control y de dominación. Las nociones de identidad nacional son ejemplares en este sentido. En México, durante siete décadas, el Partido Revolucionario Institucional hizo suyos los no siempre tan revolucionarios logros de la Revolución y forjó con ellos un discurso de identidad nacional que contribuyó en buena medida a que se convirtiera, en las palabras de Mario Vargas Llosa, en la dictadura perfecta latinoamericana.

Para el zapatismo, la identidad no puede funcionar como eje efectivo de lucha si no se entiende como un concepto dinámico. Como hemos visto, la adaptación de influencias, la adopción de prácticas exógenas, la incorporación, inclusive, de formas de entender el mundo en la propia cosmovisión que define la identidad, no sólo no se opone sino que fortalece la propia colectividad. Y esto se aplica no sólo a la identidad de grupo, sino también a la identidad nacional.

Nacionalismo a la zapatista

La reivindicación nacionalista del zapatismo es frecuente blanco de duras críticas inclusive por parte de individuos y organizaciones que conocen profundamente sus propuestas y hacen suyas sus luchas en diversos lugares del mundo. Las experiencias desastrosas a las que han llevado los diferentes nacionalismos en la historia europea y la afirmación de una superioridad ética y de un destino manifiesto en el nacionalismo estadounidense llevan a luchadores sociales en esos países a rechazar cualquier tipo de nacionalismo como eje de lucha. Además, se critica el uso tan notorio de símbolos nacionales —como la bandera y el himno—que se han usado a través de la historia como mecanismos de imposición, de control y de opresión. Finalmente, estos críticos apuntan al carácter artificial y violento de la definición tanto de las fronteras como de la propia noción de “lo nacional”.

De cierta manera la defensa de lo nacional por parte del movimiento se puede entender como una postura estratégica ante las acusaciones, por un lado, de extranjerismo —el nacionalismo aquí siendo utilizado por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari para desprestigiar el movimiento como producto de la “infiltración” de elementos extranjeros que estarían manipulando a los indígenas, quienes, por otro lado, se considerarían incapaces de ser protagonistas de su propia historia— y, por otro, de separatismo. Cuando los y las comandantes y comandantas del Ejército Zapatista se presentaban durante las primeras conversaciones de paz celebradas en San Cristóbal de las Casas, lo hacían diciendo su nombre seguido de su origen étnico maya y de la aclaración: “cien por ciento mexicano”. La afirmación rebatía ambas acusaciones pero hacía mucho más: exigía, con las armas y con la palabra, su inclusión, como indígenas, en la definición de la nación mexicana.

Quizás una de las más importantes victorias del zapatismo fue que logró desafiar el ya de por sí tambaleante nacionalismo posrevolucionario. El mito de la nación mestiza —el mestizaje como eje fundamental de la identidad nacional—, que en principio tuvo la virtud de enfrentar el eurocentrismo reinante en el porfiriato y las teorías raciales positivistas de finales del siglo XIX, sirvió como mecanismo homogenizador que excluía a la población indígena. El indígena en el discurso del mestizaje tiene un papel en la construcción de la nación en la medida en que sea capaz de integrarse a la sociedad hegemónica, deshaciéndose de todo aquello que lo diferencia de ella. El nacionalismo zapatista, así, se explica como una reivindicación de participación equitativa de una población por 500 años excluida, no por medio de la integración sino desde el posicionamiento como distinta. Esa otredad, en la Otra Campaña, se vuelve el fundamento de un nuevo entendimiento de la noción de lo mexicano —de la identidad nacional y del concepto de nación— que consistiría en la articulación de autonomías e identidades particulares, polifonía de otredades que conforman un universo común con características múltiples, dinámicas, en perpetuo flujo y redefinición.

Al mismo tiempo, el nacionalismo zapatista representa un desafío a otro aspecto del discurso posrevolucionario sobre “lo mexicano”, y que se puede leer ya desde el inicio de la Revolución en la obra de Mariano Azuela, Los de abajo. Azuela dibuja un panorama de la Revolución que revela el despropósito de una lucha que, nacida de la desesperación ante los extremos del abuso y la explotación, se extravía en la barbarie de una violencia que no conoce su propia razón de ser, desembocando en una caída general en una brutalidad incontrolada que da rienda suelta a los más bajos instintos del ser humano. La novela apunta a la “naturaleza” del “mexicano” como la causa de este extravío, la “mueca pavorosa y grotesca a la vez de una raza (…) irredenta”.[9] Una raza impulsiva, feroz, cruel por naturaleza, que no le teme a la muerte porque poco valora la vida.

Este discurso sobre la naturaleza del mexicano fue perspicazmente utilizado por los gobiernos posrevolucionarios para controlar las explosiones sociales por medio del miedo a la “barbarie” mexicana. El fatalismo ante la impulsividad, violencia, irresponsabilidad y egoísmo supuestamente típicos del “mexicano”, en particular de “los de abajo”, se utilizan para llevar a la población a la inmovilidad y al desencanto anticipado ante cualquier movimiento social de resistencia al poder. Con la Primera Declaración de la Selva Lacandona, esta visión se revierte:

Somos producto de 500 años de luchas: primero contra la esclavitud, en la guerra de Independencia contra España encabezada por los insurgentes, después por evitar ser absorbidos por el expansionismo norteamericano, luego por promulgar nuestra Constitución y expulsar al Imperio Francés de nuestro suelo, después la dictadura porfirista nos negó la aplicación justa de leyes de Reforma y el pueblo se rebeló formando sus propios líderes, surgieron Villa y Zapata, hombres pobres como nosotros a los que se nos ha negado la preparación más elemental para así poder utilizarnos como carne de cañón y saquear las riquezas de nuestra patria sin importarles que estemos muriendo de hambre y enfermedades curables, sin inmortales que no tengamos nada, absolutamente nada, ni un techo digno, ni tierra, ni trabajo, ni salud, ni alimentación, ni educación, sin tener derecho a elegir libre y democráticamente a nuestras autoridades, sin independencia de los extranjeros, sin paz ni justicia para nosotros y nuestros hijos.

Pero nosotros HOY DECIMOS ¡BASTA!, somos los herederos de los verdaderos forjadores de nuestra nacionalidad, los desposeídos.

Los desposeídos son los “verdaderos forjadores de nuestra nacionalidad”, producto de 500 años de luchas. Las presencia de la comandanta Ester ante el Congreso de la Unión ­—una mujer indígena, comandanta de un ejército guerrillero que moviliza millones de mexicanos y llega sin armas para exigir la participación equitativa de los excluidos en el proyecto nacional— confronta y revoluciona tanto el discurso de la nación mestiza como el del México bárbaro.

La Sexta Declaración, quizás sin proponérselo, produjo también una serie de cuestionamientos sobre las fronteras físicas y mentales de “la nación” y, por lo tanto, del concepto mismo de lo nacional. Al proponer la inclusión de mexicanos y chicanos en Estados Unidos como parte de la lucha nacional de la Otra Campaña, la iniciativa cruzó la frontera y generó nuevas formas de pensar lo nacional. Al mismo tiempo, se propuso el concepto de la Otra Geografía: un concepto fluido, ambiguo, indefinido, que, en vez de reconocer las fronteras históricamente impuestas por el poder, dibujaría nuevos mapas a partir de realidades sociales mucho más complejas y, frecuentemente, antagónicas a la geografía oficial. Al pensar la Otra Geografía de manera transnacional, surgieron fenómenos inesperados, movimientos que se definen como mexicanos y como parte de la Otra Campaña y, por lo tanto, comprometidos con un cambio nacional (o sea, con México), a través de acciones que responden a su propia realidad local. En el barrio de East Harlem, en Nueva York, el Movimiento por Justicia en el Barrio, compuesto por migrantes mexicanos, adopta formas de lucha zapatistas (como las consultas, los encuentros, la organización horizontal, la toma de decisiones por consenso) para resistir el desplazamiento por las fuerzas de la especulación inmobiliaria. Son adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, se consideran mexicanos y entienden su lucha como parte del movimiento “nacional” de la Otra Campaña. Pensar que la lucha por la vivienda justa y contra la discriminación en los barrios más pobres de Nueva York es a la vez una lucha local y una lucha “nacional” mexicana y, al mismo tiempo, que la lucha de los migrantes en Estados Unidos no puede separarse de la lucha por justicia y dignidad en México es reflejo de nuevas formas de pensar la resistencia de manera transnacional, reconociendo que los lazos sociales, culturales, económicos y políticos derivados de las migraciones forzosas y del desplazamiento generado por la globalización son mucho más sólidos que las fracturas impuestas por las fronteras físicas, por más violentas que éstas sean.

Todo esto es indicador de cambios en las formas de concebir la nación y la identidad como respuesta a los desafíos planteados por las fuerzas homogeneizadoras de la globalización, y que representan, de hecho, una globalización de la resistencia y una redefinición de la geografía, de la identidad y del nacionalismo.

Bibliografía

Azuela, Mariano. Los de abajo. Paris: ALLCA XX, 1988.

EZLN, “Primera Declaración de la Selva Lacandona”. Chiapas, 1993.

EZLN, “Sexta Declaración de la Selva Lacandona”. Chiapas, 2005.

Reis, João José. Rebelião escrava no Brasil: a história do levante dos malês. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.

Roger Bartra, "Sangre y tinta del kitsch tropical", Fractal n° 8, enero-marzo, 1998, año 2, volumen III, pp. 13-46.

Slavoj Žižek, “Resistance is Surrender”. In London Review of Books. vol. 29, n° 22, 15 de noviembre de 2007.

Subcomandante Insurgente Marcos. “Siete piezas sueltas del rompecabezas mundial”. Chiapas: EZLN, junio de 1997.

Subcomandante Insurgente Marcos. “Siete preguntas a quien correspondan: imágenes del neoliberalismo en México de 1997”. Chiapas: EZLN, enero de 1997.

Subcomandante Insurgente Marcos. “Un periscopio invertido (o la memoria, una llave enterrada)”. Chiapas: EZLN, febrero de 1998.

Tierra sagrada. Chiapas: Promedios. 2000.

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[1] “Resistance is Surrender”. In London Review of Books. Vol. 29, No. 22, 15 de noviembre de 2007.

[2] Ver, por ejemplo, “Siete piezas sueltas del rompecabezas mundial”, “Siete preguntas a quien corresponda”, “Un periscopio invertido (o la memoria, una llave enterrada)”, “¡Oximoron! (la derecha intelectual y el fascismo liberal)”, “Otra geografía”.

[3] “Siete piezas del rompecabezas mundial”.

[4] Conferencia de prensa, Universidad de la Ciudad de México, julio de 2006.

[5] Ver informes del Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE): www.capise.org.mx

[6] En septiembre de 2006 (y por lo tanto a 3 años de la fundación de los caracoles y de las juntas de buen gobierno zapatistas) Denise Dresser, en una plática en la Universidad de California en Berkeley, criticó la autonomía indígena como fundamentalista, antidemocrática y tendiente a la violencia.

[7] En los recientes Encuentros entre los Pueblos Zapatistas y los Pueblos del Mundo, realizados en territorio rebelde, tanto bases de apoyo como autoridades zapatistas insistieron una y otra vez que la autonomía no se construye a partir de ideas preconcebidas, sino a través de un proceso de continua consulta, revisión y adaptación a las realidades de su ejercicio.

[8] Ver Reis, João José. Rebelião escrava no Brasil.

[9] Azuela, p.128.

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Represión y resistencia en México y Estados Unidos. Entrevista a Gloria Muñoz Ramírez sobre robo de intimidación a su casa y situación de represión en el país. Reportaje sobre la comunidad 24 de Diciembre. Átaque paramilitar contra zapatistas del municipio Olga Isabel y desalojo de comunidades en Montes Azules. Represión contra migrantes en Estados Unidos. (56 min)

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Cartas de protesta: Hostigamiento contra Gloria Muñoz

Cartas de Protesta publicadas en La Jornada

Eureka protesta una vez más por la represión en cadena que se impone desde el Estado a partir de los tres niveles del poder sobre los periodistas que cubren los movimientos sociales autónomos e independientes en toda la República.

Nos referimos al cateo y robo al domicilio de la columnista de La Jornada, Gloria Muñoz, la cual se ha distinguido por su honestidad, objetividad y congruencia para cubrir las fuentes de los movimientos sociales y campesinos.

Hoy el Estado demuestra por millonésima vez, que en la práctica una de las caras de un poder ilegítimo, débil y corrupto es el miedo y que su complicidad para violar la ley con el poder militar es una constante, es así como para obtener información de la disidencia, se roban los archivos de quien sobre ello escribe, sin la menor duda buscan con ello establecer la represión selectiva. Exigimos por ello la investigación del robo de los archivos de Gloria Muñoz y el castigo a los responsables aunque aún no sabemos cómo, si son ellos mismos los culpables, a pesar que las mismas normas jurídicas de este estado establecen: “que no se puede ser juez y parte del delito”.

Eureka: Rosario Ibarra, Claudia, Rosario y Carlos Piedra, Celia Piedra, Leticia Tecla, Jennifer Sánchez, David Sánchez, Matilde González, Daniel Rodríguez, Inti Martínez, Laura Gaytan, Sara Hernández, Tania Ramírez y Pavel Ramírez, Luz Morales, Concepción Ávila, Priscila Chávez, Juan Macías, Mario Cartagena, Acela Ocaña, Hulda Soyano, Ofelia Maldonado, Elisa Gutiérrez, Georgina Tecla, Anabel Mañón

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Exigen aclarar agresión contra columnista de La Jornada

La agresión que sufrió nuestra compañera Gloria Muñoz Ramírez, miembro del equipo editorial y reportera de Ojarasca, así como columnista de La Jornada, representa una alarmante llamada de atención sobre el rumbo que están tomando las libertades civiles y de expresión. El gobierno de Felipe Calderón ya se abrió el camino para “legalizar” atropellos, encarcelamientos y espionaje sin mediar requerimientos judiciales de ningún tipo. Los allanamientos, robos y ataques a las garantías individuales se han convertido en marca de fábrica del actual régimen.

Los operativos de inteligencia militar como el que presumiblemente afectó a nuestra compañera en su domicilio en la ciudad de México son un síntoma más de la guerra sucia que avanza en el país. Gloria Muñoz ha cubierto el movimiento zapatista de Chiapas desde enero de 1994, y en años recientes amplió su trabajo a las resistencias autonómicas de México y el mundo. En la médula de su labor están precisamente violaciones gubernamentales como la que acaba de experimentar en carne propia, y que no fue un “asalto” común.

Exigimos una respuesta pública del Estado mexicano ante estos hechos, el cese de las agresiones anticonstitucionales, la restitución inmediata e integral de los archivos y posesiones personales robados a nuestra valerosa compañera, quien ya ha recibido amenazas de muerte y hostigamientos por parte de los servicios de seguridad, sobre todo desde que la ultraderecha y el cinismo panista “gobiernan” el país.

Suplemento Ojarasca: Hermann Bellinghausen, Eugenio Bermejillo, Yuriria Pantoja Millán y Ramón Vera Herrera

Asalto de intimidación a la casa de Gloria Muñoz

La Jornada: Asaltan el domicilio de columnista de La Jornada

La casa de la columnista Gloria Muñoz Ramírez fue asaltada en el transcurso de la presente semana. Los autores del ilícito se llevaron documentos, libros, periódicos y todo su equipo de trabajo, en un hecho que ha sido interpretado como intento de intimidación por la labor periodística que desarrolla en Chiapas, donde ha cubierto el conflicto zapatista desde 1994.
No es ésta la primera ocasión que la periodista, autora de la columna Los de abajo se ha visto sometida a este tipo de agresiones. Ha sufrido amenazas y espionaje telefónico, así como la intercepción de su correo electrónico y la vigilancia de todas sus actividades.
El pasado jueves, luego de cubrir en Chiapas el segundo Encuentro entre los Pueblos Zapatistas y los Pueblos del Mundo, Muñoz informó que regresó a la ciudad de México y que al llegar a su departamento se encontró con todo revuelto.
“Había un revoltijo muy aparatoso e intimidatorio”, puntualizó, luego de señalar que los ladrones se llevaron documentos de su archivo sobre el movimiento zapatista, una caja con fotografías personales, una maleta de libros, periódicos, revistas y todo su equipo de trabajo que consiste en computadora, grabadora, videograbadora y un reproductor de videodiscos.
Los asaltantes no tomaron ningún objeto de mediano valor –de la computadora sólo cargaron con la unidad central de proceso–; únicamente artículos que pudieran contener información.
Según el reporte de uno de sus vecinos, el miércoles dos hombres con corte militar salieron del edificio con dos maletas que corresponden a las señas de las que tenía en su hogar. Tenían llave del inmueble y probablemente también del departamento de la periodista, pues la puerta no fue forzada.
Gloria Muñoz llamó la atención sobre el hecho de que esta agresión se produce en el contexto de la represión actual contra los movimientos indígenas y campesinos que ha documentado. Entre ellos se encuentra el reciente desalojo en Montes Azules, Chiapas.
La periodista informó que de lo sucedido ya levantó denuncia ante las autoridades judiciales, quienes ayer efectuaron un primer peritaje.